Latinos en Minnesota: «Es como Alemania en la Segunda Guerra Mundial»

La comunidad latina de Minnesota vive uno de los momentos más críticos en su historia reciente. Tras semanas de un aumento sin precedentes en los operativos migratorios a nivel federal, el temor se ha instalado en barrios, escuelas y centros comunitarios de todo el estado.

Operativos masivos, redadas, puntos de control y la presencia constante de agentes armados han transformado radicalmente la vida de miles de familias inmigrantes, muchas de las cuales cuentan con estatus legal o incluso ciudadanía estadounidense.

«Pasamos de estar asustados a sentirnos completamente paralizados», afirma Grecia Lozano, portavoz y cofundadora de Latino Voices Minnesota, organización que brinda apoyo directo a migrantes en el suroeste del estado. «Es mucho peor que lo que vivimos durante la pandemia de COVID. La gente ni siquiera quiere asomarse a la ventana».

Redadas sin precedentes en Minnesota

La escalada comenzó el 1 de diciembre, cuando la Administración federal lanzó la llamada Operación Metro Surge, un despliegue masivo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza en Minnesota. Desde entonces, organizaciones locales y autoridades estatales informan que la presencia federal ha crecido exponencialmente.

Para la profesora de Derecho en la Universidad de Minnesota, Ana Pottratz Acosta, esta ofensiva se desarrolla en un contexto de violaciones sistemáticas a derechos fundamentales. «Hemos observado numerosas infracciones a la Cuarta Enmienda», indica en una entrevista con Euronews. «Los agentes ingresan a viviendas sin orden judicial, lo cual es claramente inconstitucional».

Pottratz Acosta explica que muchas de estas acciones se basan en órdenes administrativas emitidas por las propias agencias federales, que no tienen la misma validez legal que una orden judicial. «Una orden administrativa no tiene el mismo peso que una emitida por un juez, aunque el Gobierno actúe como si fuera así», advierte.

Consecuencias fatales y denuncias de abusos

En las últimas semanas, esta ofensiva ha tenido consecuencias mortales. Tras la muerte de Renée Good, víctima de un disparo por parte de un agente de inmigración, el sábado pasado otro agente federal mató a Alex Pretti en Minneapolis. Estas muertes han intensificado la tensión política y social.

Desde la perspectiva legal, Pottratz Acosta cuestiona la justificación del uso de fuerza letal. «No estaban protestando. Eran observadores comunitarios que documentaban abusos», señala. «La observancia y grabación de acciones policiales es un derecho protegido por la Primera Enmienda. No había justificación legal para usar fuerza letal en esas circunstancias».

Minnesota desafía al Gobierno federal

Frente a esta situación, el estado de Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul presentaron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), alegando una violación sin precedentes de la Constitución y de los derechos civiles.

El fiscal general del estado, Keith Ellison, declaró en una rueda de prensa: «Estamos ante un abuso constitucional sin precedentes. Nadie ha visto algo similar antes». La demanda cuenta con el respaldo de fiscales generales de 19 estados y del Distrito de Columbia, que advirtieron que, si no se detiene, el Gobierno federal podría repetir estas prácticas en otros lugares.

En audiencias recientes en un tribunal federal en Minneapolis, una jueza escuchó los argumentos de las partes y consideró la suspensión de la Operación Metro Surge. Hasta ahora, la decisión no ha sido emitida y el proceso judicial sigue en curso.

El temor en la vida cotidiana

Mientras el proceso legal continúa, el impacto en las comunidades se hace evidente. Según Lozano, el miedo ya no discrimina por estatus migratorio: «El miedo no es si tienes documentos, sino si eres latino».

Pottratz Acosta, que además es parte de la comunidad afectada, coincide: «Todos en Estados Unidos tienen derechos constitucionales, sin importar su estatus migratorio. Pero en la práctica, se están realizando detenciones basadas en perfiles raciales, no en sospechas fundamentadas».

En las últimas semanas, se han reportado detenciones de inmigrantes indocumentados, personas en proceso legal, residentes permanentes e incluso ciudadanos estadounidenses. Algunas de estas personas permanecen desaparecidas durante horas, sin que sus familias sepan dónde están. «Eso genera un pánico paralizante en toda la comunidad», denuncia Lozano.

El impacto en los niños también es alarmante. Muchas familias han dejado de enviar a sus hijos a la escuela por miedo a que sean detenidos en el camino o en las paradas de autobús. Hay menores que llevan más de tres semanas sin salir de casa.

Las escuelas han reportado un aumento en el ausentismo escolar, mientras organizaciones comunitarias buscan soluciones para que los niños no pierdan el año académico.

Además, Pottratz Acosta denuncia que el traslado rápido de detenidos fuera del estado dificulta la defensa legal. «El Gobierno transfiere a las personas en pocas horas para evitar que las cortes de Minnesota mantengan jurisdicción», explica. «El habeas corpus se ha convertido en una carrera contra reloj para los abogados».

La respuesta comunitaria y los efectos económicos

En respuesta a la situación, los vecinos se han organizado para protegerse. Grupos comunitarios comparten alertas sobre vehículos de migración, vigilan las paradas escolares y se comunican para evitar el pánico. Lozano señala: «Incluso si alguien recibe visita, avisa a la comunidad. No se trata de violencia, sino de autoprotección».

Pottratz Acosta defiende estas redes: «Los grupos comunitarios solo advierten a su comunidad para que se mantengan en casa. Es una forma de autoprotección, no de violencia».

Por otro lado, las organizaciones que brindan ayuda humanitaria también están siendo afectadas. Centros comunitarios que distribuyen alimentos y artículos básicos han sido visitados por agentes federales sin cargos específicos. Lozano comenta que tuvieron que cerrar su oficina y retirar señalización para evitar llamar la atención. Incluso un local que colaboraba con donaciones fue inspeccionado por apoyar a la comunidad migrante.

El miedo también afecta a la economía local. En ciudades pequeñas, varios negocios, incluyendo algunos no latinos que dependen de mano de obra migrante, han cerrado. Restaurantes sin personal, servicios paralizados y pérdidas económicas han provocado protestas y jornadas de apagón económico.

Para la comunidad latina, estos hechos reflejan un mensaje de solidaridad y pertenencia. Lozano afirma: «Nos recuerdan que este estado también es nuestro hogar». Cuando se le pide resumir la situación actual, ella responde: «Es como Alemania en la Segunda Guerra Mundial. No hay otra forma de describirlo».

Cada día, se comunica con familiares y amigos para asegurarse de su bienestar. «Repite: ‘Repórtate, dime que estás bien'», comenta Lozano, reflejando la incertidumbre que viven a diario.