Las dos CTA denunciaron a Pettovello por incumplir la convocatoria al Consejo del Salario
La causa, que tramita en el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 3 (Expte. 44581/25), podría convertirse en un precedente sobre los límites legales del Ejecutivo para intervenir o paralizar organismos de concertación social establecidos por ley.
Las dos centrales de trabajadores del país, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, presentaron una medida cautelar ante la Justicia Nacional del Trabajo contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por la falta de convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
La acción judicial, encabezada por Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, busca forzar la reactivación de un espacio institucional clave para la negociación salarial, cuya ausencia refleja la ruptura del diálogo social entre el Gobierno y las organizaciones sindicales.
En su presentación, los dirigentes denunciaron un “incumplimiento sistemático del Gobierno Nacional”, señalando que el Ministerio de Capital Humano “ha desatendido durante meses su obligación legal de convocar bimestralmente al Consejo”, violando la Ley 24.013 y el Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza la consulta tripartita en materia laboral.
Las CTA advirtieron además que el actual salario mínimo, fijado en $322.000, perdió más del 30% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023 y solo cubre el 58% de la canasta alimentaria básica. “Una familia tipo necesita casi cuatro salarios mínimos para superar la línea de pobreza”, señalaron los gremios, reclamando una actualización urgente que restituya los criterios de “legalidad y razonabilidad” establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo.
El reclamo judicial busca no solo reactivar el Consejo del Salario, sino también establecer un mecanismo transparente de cálculo que vincule el salario mínimo con una canasta básica de referencia. Para las centrales obreras, la omisión del Ejecutivo no solo agrava la pérdida de ingresos de los trabajadores, sino que pone en riesgo el sistema institucional de diálogo que ha sido, históricamente, una herramienta de equilibrio entre el Estado, las empresas y el trabajo.
En términos políticos, la demanda de las CTA representa un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el gobierno de Javier Milei y el movimiento sindical, en un contexto de deterioro del poder adquisitivo y creciente conflictividad social.
