La UBA al límite: salarios licuados, partidas congeladas y un modelo de universidad pública en jaque
La Universidad de Buenos Aires atraviesa una de las crisis presupuestarias más graves de su historia reciente. Con partidas para salud congeladas desde abril de 2024, actualizaciones para educación muy por debajo de la inflación y una pérdida salarial acumulada que supera el 40%, la casa de estudios más emblemática del país alerta sobre un desfinanciamiento que no solo compromete el presente, sino que amenaza directamente el futuro del sistema universitario argentino.
La UBA lo expresa con números precisos y contundentes: mientras la inflación acumulada desde noviembre de 2023 ronda el 250%, los salarios docentes y no docentes apenas recibieron una actualización del 95%.
Esto se traduce en una brutal pérdida de poder adquisitivo. En el primer semestre de 2025, esa tendencia no se revierte: las actualizaciones mensuales siguen corriendo detrás de la inflación, y la caída real del salario ya acumula otro 10%.
Este deterioro se hace palpable en todos los niveles. Un docente que recién inicia su carrera universitaria percibe $200.000 de salario básico —muy por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, hoy fijado en $308.200—, mientras que un médico residente cobra apenas $1.200.000 y un profesor titular con dedicación exclusiva sin antigüedad alcanza $1.500.000. Números que, en una economía con costos dolarizados y servicios indexados, no solo son bajos: son inviables.
Pero más allá de la cuestión salarial, lo que se está desmoronando es la capacidad de la universidad para sostener su rol social, educativo y científico. En 2024, el presupuesto total de la UBA fue de $590.000 millones, con un 85% destinado al pago de sueldos y apenas un 15% a gastos de funcionamiento. Esa proporción deja al descubierto la fragilidad del sistema ante cualquier shock inflacionario. Servicios públicos, conectividad, limpieza, seguridad, mantenimiento edilicio, programas sociales y de investigación, becas: todo se sostiene con fondos que pierden valor día a día.
En ese contexto, la jornada de lucha de este jueves —que incluyó un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas y la tercera Marcha Federal Universitaria— no fue una protesta sectorial, sino un grito de advertencia sobre el colapso que se avecina. El hospital, uno de los tantos sostenidos por la UBA, representa el caso más paradigmático: sin actualización presupuestaria en más de un año, con inflación médica disparada y profesionales mal remunerados, se vuelve cada vez más difícil sostener su triple rol de asistencia, docencia e investigación.
El dato comparativo que ofreció la universidad grafica con crudeza la desigualdad regional: el presupuesto por alumno de la Universidad de San Pablo es 15 veces mayor al de la UBA, y el de la UNAM, 8 veces mayor. Pero no se trata solo de fondos. La diferencia es política: en otros países, las universidades públicas son consideradas un activo estratégico del desarrollo. En la Argentina de 2025, en cambio, la educación superior parece ser tratada como un gasto prescindible.
El riesgo es claro: sin un cambio urgente de rumbo presupuestario, la UBA y el resto de las universidades públicas no podrán sostener la calidad ni el acceso universal que las convirtieron en un orgullo nacional. Programas como las becas Sarmiento, Avellaneda y Rojas, Proyectos UBANEX o iniciativas como UBA en Acción y UBATIC, corren peligro de quedar vaciados si no se recomponen sus partidas.
El modelo de universidad gratuita, laica, inclusiva y de excelencia no se destruye de un día para el otro. Se desfinancia lentamente, se empobrece a sus trabajadores, se deteriora su infraestructura, se vacían sus programas, y finalmente, se deslegitima su existencia. La pregunta que flota tras esta crisis es una sola: ¿quién se hace cargo de ese vaciamiento y con qué consecuencias para el país que viene?
