La Suprema Corte bonaerense avala multas a las plataformas Rappi y Pedidos Ya

La resolución no solo impacta en Rappi y Pedidos Ya, sino que también reconfigura el equilibrio entre innovación tecnológica, regulación estatal y derechos laborales, en un sector donde las reglas aún están en plena disputa.

Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires marcó un punto de inflexión en la regulación del trabajo en plataformas digitales al ratificar las multas impuestas a Rappi y Pedidos Ya por irregularidades laborales.

La decisión no solo confirma sanciones previas, sino que también legitima la capacidad del Estado provincial para intervenir en la definición del vínculo entre las empresas y sus repartidores.

El eje central del fallo gira en torno a una disputa clave: si los trabajadores de estas plataformas deben ser considerados autónomos o empleados en relación de dependencia. En este punto, el tribunal respaldó el criterio del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que había interpretado la existencia de una relación laboral, al considerar que las empresas no lograron desvirtuar esa presunción.

Desde una mirada analítica, la resolución trasciende lo estrictamente judicial y se inscribe en un debate más amplio sobre el futuro del trabajo en la economía de plataformas. Al validar el “poder de policía” del Estado provincial, la Corte no solo reafirma su rol de fiscalización, sino que también establece un límite a los modelos de negocio basados en esquemas de contratación flexibles que, en muchos casos, eluden obligaciones laborales tradicionales.

El fallo adquiere mayor relevancia en un contexto de tensiones entre distintos niveles de gobierno. Mientras a nivel nacional se discuten reformas orientadas a flexibilizar las relaciones laborales, la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Axel Kicillof, impulsa una línea opuesta, enfocada en ampliar la protección de los trabajadores de plataformas.

Si bien la Corte introdujo una revisión puntual sobre un grupo reducido de casos, el núcleo de la decisión se mantiene intacto y sienta un precedente que podría influir en futuras regulaciones. En términos prácticos, el fallo fortalece la posición de las autoridades provinciales para inspeccionar y sancionar a estas კომპანი́as, y abre la puerta a una redefinición del estatus laboral de miles de repartidores.