La reforma laboral podría elevar la informalidad y generar una pérdida de USD 4.000 millones en ANSES
Un análisis reciente del Observatorio del Control Público de la Fundación Éforo advierte que la propuesta de reforma laboral en debate legislativo podría aumentar la informalidad laboral en hasta cuatro puntos porcentuales, con fuertes implicancias sobre la sostenibilidad del sistema previsional argentino.

Según el informe, este aumento del empleo no registrado impactaría directamente en los ingresos del organismo previsional, generando una caída estimada de USD 4.000 millones en aportes y contribuciones, equivalente a casi el 5% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
El estudio subraya que cada punto de incremento en el empleo informal representa una pérdida anual de alrededor de USD 975 millones para el sistema.
Carla Pitiot, directora del Observatorio, destacó la delicada situación financiera de la ANSES: en 2025, el superávit operativo del organismo se desplomó un 98% respecto a 2024, pasando de $4,05 billones a apenas $100.243 millones. “Cualquier cambio en las condiciones laborales repercute de manera inmediata sobre la seguridad social, que ya no se financia únicamente con los aportes y necesita otros tributos para cubrir un déficit cercano a los 10 billones de pesos”, advirtió Pitiot.
El informe también señala que las contribuciones patronales representan históricamente alrededor del 11% del Producto Bruto Interno de Argentina. En un escenario de mayor rotación y precarización laboral, la caída de estos ingresos obligaría al Estado a recurrir a la deuda para equilibrar las cuentas, profundizando la vulnerabilidad fiscal.
Los especialistas de Éforo relacionan esta insuficiencia de fondos con la disminución del poder adquisitivo de jubilados y pensionados y advierten que, si no se actúa, la presión sobre el gasto social y la carga impositiva aumentará.
El Observatorio concluye que antes de avanzar con modificaciones que flexibilicen el mercado laboral, sería imprescindible implementar una reforma tributaria que asegure financiamiento estable y sostenible, garantizando la protección de los sectores más vulnerables y evitando una mayor informalidad que comprometa el futuro del sistema previsional.
