La reforma laboral genera fisuras en el empresariado que aseguran que los “terminó complicando”

La reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei empieza a enfrentar un problema inesperado: cuestionamientos provenientes de sectores empresarios que inicialmente reclamaban cambios en las reglas laborales.

En una reunión reservada de la Unión Industrial Argentina (UIA), referentes del sector plantearon reparos a la reglamentación impulsada por el ministro Federico Sturzenegger y señalaron que algunas de las modificaciones, lejos de facilitar la actividad empresarial, terminaron complicando el vínculo con los sindicatos.

El planteo se suma al malestar de otras entidades, como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que evalúan incluso recurrir a la Justicia.

Uno de los cuestionamientos centrales apunta a las restricciones sobre aportes solidarios, cuotas y mecanismos de financiamiento acordados en el marco de las negociaciones paritarias. El Decreto 407/26 estableció límites del 0,5% de la nómina salarial para los aportes destinados a cámaras empresarias y del 2% para sindicatos u obras sociales. El Gobierno justificó la medida como un intento de eliminar mecanismos que consideraba abusivos o fuentes de financiamiento poco transparentes.

Sin embargo, dentro de la UIA advierten que esas herramientas también formaban parte del funcionamiento habitual de las relaciones laborales y permitían financiar estructuras, programas y acuerdos complementarios entre sindicatos y empresas. La posterior sanción del Decreto 612/26 flexibilizó algunas de las restricciones iniciales, pero no disipó las objeciones. El abogado Juan José Etala, titular del Departamento de Política Social de la UIA, sintetizó el malestar con una frase particularmente significativa: “Queríamos una reforma que nos ayudara y al final lo que tenemos terminó complicándonos”.

Una paradoja para el Gobierno de Milei

La controversia expone una contradicción en el corazón de la reforma. El Gobierno sostiene que busca reducir el poder de estructuras sindicales y empresariales que considera parte de un sistema corporativo que encarece y rigidiza el mercado laboral. Pero algunos empresarios advierten que desmontar esos mecanismos también puede afectar los canales mediante los cuales se negociaban conflictos y se sostenía cierta previsibilidad en las relaciones laborales.

El conflicto alrededor del Instituto de Capacitación (Inacap), financiado mediante acuerdos entre cámaras empresarias y el sindicato mercantil, es uno de los ejemplos que alimentan la tensión. Según las versiones difundidas, la CAC y CAME analizan presentar un amparo judicial contra las nuevas reglas, lo que abriría un frente inesperado para el oficialismo.

La situación resulta políticamente significativa porque la reforma laboral podría terminar cuestionada desde ambos lados de la mesa: los sindicatos por considerar que reduce derechos y capacidad de negociación, y determinados sectores empresarios porque algunas modificaciones podrían dificultar la administración de los conflictos laborales.

Si ese escenario se consolida, quedaría expuesto uno de los riesgos de una reforma diseñada desde una lógica exclusivamente desreguladora: modificar las reglas del sistema no necesariamente significa hacerlo más eficiente y, en algunos casos, puede eliminar mecanismos que, aun siendo cuestionados, cumplían una función concreta en la negociación entre empresas y trabajadores.