La reforma laboral comenzó a generar sus primeros focos de conflicto en grandes empresas

Esta vez, la cadena mayorista Makro, controlada por el grupo Cencosud, quedó en el centro de una denuncia sindical por presuntas presiones ejercidas sobre trabajadores jerárquicos para que adhieran al denominado «banco de horas», una herramienta que la legislación contempla como voluntaria, pero que según los representantes gremiales estaría siendo impulsada mediante mecanismos de coerción.

La acusación fue formulada por la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPyJC), que declaró el estado de alerta ante lo que considera una avanzada empresarial destinada a reducir costos laborales a expensas de los derechos adquiridos de los trabajadores.

Según el gremio, gerentes y supervisores de distintas sucursales estarían siendo convocados individualmente a reuniones con directivos para firmar acuerdos de adhesión al nuevo sistema bajo presiones explícitas e implícitas vinculadas a la continuidad laboral.

El conflicto gira en torno al artículo 197 bis incorporado a la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita la creación de bancos de horas mediante acuerdos voluntarios entre empleador y trabajador. Este mecanismo permite compensar horas trabajadas en exceso con descansos futuros, reemplazando en determinados casos el pago tradicional de horas extras.

Sin embargo, para el sindicato, la discusión trasciende la letra de la norma y se centra en cómo se aplica en la práctica. Desde la organización sostienen que la empresa intenta transformar una herramienta opcional en una obligación de hecho, alterando el espíritu de la legislación y generando una transferencia de costos hacia los trabajadores.

«La modernización que plantea la empresa esconde en realidad una estrategia para dejar de abonar horas extraordinarias que continúan siendo necesarias para sostener la operación», señalaron desde la entidad gremial. Según su visión, el sistema permitiría a la compañía administrar de manera unilateral los tiempos de trabajo y descanso, debilitando la capacidad de los empleados para organizar su vida laboral y afectando directamente sus ingresos.

La denuncia adquiere mayor relevancia porque no se trata de un conflicto aislado. La relación entre la APPyJC y Makro viene acumulando antecedentes de tensión. En los últimos años, el gremio impulsó reclamos por jornadas laborales extensas y por la falta de reconocimiento de horas extras, situaciones que incluso derivaron en intervenciones de organismos laborales y sanciones económicas contra la empresa.

Para los representantes sindicales, el actual intento de implementar el banco de horas aparece como la formalización de una práctica que, según denuncian, ya existía de manera encubierta. La diferencia es que ahora buscaría respaldo legal mediante acuerdos individuales cuya voluntariedad es puesta en duda por los trabajadores afectados.

El caso también pone bajo la lupa uno de los aspectos más debatidos de la reforma laboral: la asimetría existente entre empleadores y empleados al momento de negociar condiciones de trabajo. Mientras el texto legal habla de consensos voluntarios, los sindicatos advierten que en contextos de incertidumbre económica y temor a perder el empleo, la capacidad real de los trabajadores para rechazar determinadas propuestas puede verse seriamente condicionada.

Ante este escenario, la APPyJC exigió el cese inmediato de cualquier forma de presión sobre el personal y anticipó que evalúa acciones gremiales y judiciales para frenar la implementación del sistema bajo las actuales condiciones. El conflicto podría transformarse así en uno de los primeros casos testigo sobre la aplicación concreta de las nuevas herramientas laborales y sobre los límites entre la flexibilidad organizativa y la protección de los derechos de los trabajadores.