La prestación por desempleo aumentó un 29,4% en 2026 por los despidos en la industria, el comercio y la construcción
En un contexto de pérdida de empleos formales y aumentos sostenidos del costo de vida, la evolución de la prestación por desempleo vuelve a poner en discusión la capacidad de esta herramienta para sostener los ingresos de los trabajadores mientras intentan conseguir una nueva ocupación.
La creciente pérdida de puestos de trabajo registrados en sectores clave de la economía provocó un fuerte incremento en la cantidad de personas que accedieron al seguro por desempleo.
Entre enero y septiembre de 2026, se registraron 145.004 nuevas altas de trabajadores despedidos sin justa causa, lo que representa un aumento del 29,4% respecto del mismo período del año pasado. Mientras tanto, el monto promedio del beneficio continúa perdiendo terreno frente a la inflación.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante los primeros nueve meses de 2025 se habían contabilizado 112.056 incorporaciones a la Prestación por Desempleo de la Seguridad Social. Un año después, la cifra creció en casi 33.000 casos, en un escenario marcado por las dificultades laborales que atraviesan distintas actividades productivas.
La industria fue el sector más afectado, con 35.922 altas, seguida por el comercio, que registró 32.928, y la construcción, con 21.663. Estos números reflejan el impacto de los despidos en tres áreas fundamentales para la generación de empleo en el país.
Durante septiembre, un total de 127.613 personas cobraron la prestación, considerando las altas y las bajas ocasionadas por la reincorporación al mercado laboral o por el vencimiento del beneficio.
El ingreso promedio mensual alcanzó los $325.368, frente a los $274.324 registrados en septiembre de 2025. Esto representa una mejora interanual del 18,7%, aunque el incremento quedó por debajo de la inflación del mismo período, que llegó al 33,4%.
La diferencia entre ambas variaciones evidencia una pérdida de poder adquisitivo para quienes dependen de esta asistencia económica mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.
En cuanto a la distribución por género, los registros de septiembre indican que 86.288 beneficiarios eran varones y 41.325 mujeres.
Por jurisdicción, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de perceptores, con 54.936 personas. Le siguieron Santa Fe, con 9.698; Córdoba, con 9.658; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 9.029 beneficiarios.
Más de 473.000 altas desde el inicio de la gestión de Milei
El balance acumulado desde el comienzo de la administración de Javier Milei hasta septiembre de 2026 suma 473.186 altas en la prestación por desempleo. De ese total, 174.335 correspondieron a 2024, otras 153.847 a 2025 y 145.004 a los primeros nueve meses de 2026.
Las cifras contrastan con las registradas en años anteriores: durante 2023 se contabilizaron 108.942 incorporaciones, mientras que en 2022 hubo 86.268.
La evolución de estos datos permite dimensionar el crecimiento de la cantidad de trabajadores que recurrieron al seguro tras perder sus empleos formales, aunque las altas acumuladas no equivalen necesariamente al número de personas que cobran la prestación en la actualidad.
El beneficio está destinado a trabajadores registrados en relación de dependencia que pierden su empleo por causas ajenas a su voluntad, como despidos sin justa causa, finalización de contratos u otras circunstancias contempladas en la normativa vigente, entre ellas la Ley 24.013.
Para acceder, los empleados permanentes deben acreditar al menos seis meses de aportes dentro de los tres años anteriores a la desvinculación. En el caso de los trabajadores eventuales o de temporada, se aplican requisitos específicos relacionados con el tiempo trabajado durante ese período.
La duración del cobro puede extenderse hasta 12 meses, con una prórroga de seis meses para las personas mayores de 45 años, de acuerdo con las condiciones previstas para el beneficio.
El esquema establece una reducción progresiva del monto: durante los primeros cuatro meses se percibe el 100% de la prestación correspondiente; entre el quinto y el octavo mes, el 80%; y entre el noveno y el duodécimo, el 70%.
Además del ingreso mensual, quienes reciben esta asistencia mantienen la cobertura de salud mediante la obra social, las asignaciones familiares que correspondan y el reconocimiento del período para el cómputo de la antigüedad jubilatoria.
Aunque el Consejo del Salario Mínimo estableció en 2023 que la prestación debía equivaler al 75% de la mejor remuneración habitual de los seis meses anteriores al despido, el esquema vigente contempla límites vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
Según la resolución mencionada, el monto debe ubicarse dentro de un piso equivalente al 50% y un tope del 100% del salario mínimo vigente.
