La Justicia señaló fallas en la distribución de alimentos de ministerio de Capital Humano
Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) dejó al descubierto graves deficiencias en el sistema de compra, almacenamiento y distribución de alimentos del Ministerio de Capital Humano, poniendo en cuestión no solo la eficiencia administrativa de la cartera que conduce Sandra Pettovello, sino también la capacidad del Estado para garantizar políticas básicas de asistencia en un contexto de creciente vulnerabilidad social.
El dictamen, incorporado a una causa penal en trámite, concluye que resulta imposible determinar con precisión quiénes recibieron los alimentos acopiados en depósitos oficiales y qué productos fueron efectivamente entregados. Según consignó la periodista Vanesa Petrillo (C5N), la imposibilidad de reconstruir la trazabilidad —desde la adquisición hasta el destino final— no aparece como una falla aislada, sino como el resultado de un esquema de gestión marcado por la informalidad, la desorganización y la ausencia de controles mínimos.
La investigación se originó tras el presunto incumplimiento de una medida cautelar que obligaba al Ministerio a informar el stock disponible y a presentar un plan de distribución inmediato. Sin embargo, según la PIA, la información suministrada fue fragmentaria, desordenada y sin respaldo documental suficiente, lo que debilitó cualquier intento de auditoría seria.
Para el organismo, los datos aportados apenas permiten arribar a conclusiones “probabilísticas”, un estándar inadmisible cuando se trata del manejo de recursos públicos destinados a sectores vulnerables.
Particularmente preocupante resulta la falta de procedimientos formales para la entrega de alimentos. El propio Ministerio reconoció no contar con manuales ni protocolos que regulen la distribución, una omisión que contradice principios básicos de legalidad y buena administración.
En la práctica, esto abrió la puerta a inconsistencias en los registros de stock, remitos sin firma de recepción y diferencias entre las planillas oficiales y la información incorporada al expediente judicial.
El informe también cuestiona el destino de compras millonarias, incluidas aquellas canalizadas a través de organismos internacionales como la OEI, y advierte sobre la gestión deficiente de productos sensibles como leche en polvo, harina de maíz, aceite, legumbres y fideos.
En el caso de la leche, se constató la acumulación de cientos de toneladas próximas a vencer, lo que obligó a una distribución de urgencia que, lejos de ser parte de una planificación estratégica, parece haber sido una reacción tardía para evitar pérdidas.
Más allá de las eventuales responsabilidades penales o administrativas que se determinen, el caso expone un problema de fondo: la ausencia de un sistema transparente y verificable para administrar políticas alimentarias en un escenario de emergencia social.
La intervención de la SIGEN y la Oficina Anticorrupción refuerza la gravedad de las observaciones y anticipa que el foco ya no estará solo en los errores administrativos, sino en las decisiones políticas que los hicieron posibles.
