La Justicia ordenó reincorporar a trabajadores de Georgalos despedidos por ejercer su derecho a huelga
Las sentencias de los juzgados 46 y 77 coinciden en que las desvinculaciones fueron una represalia por la adhesión de los empleados a una medida de fuerza, lo que constituye una violación a la libertad sindical, un derecho fundamental consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.

En un fallo que sienta un importante precedente, la Justicia del Trabajo ordenó a la empresa de alimentos Georgalos reincorporar a dos trabajadores que fueron despedidos en medio de un conflicto gremial.
Este caso cobra especial relevancia en el actual contexto de debate y aprobación de la Ley Bases, un paquete de reformas que, entre otras cosas, busca restringir el derecho a huelga y flexibilizar las normativas laborales. Los fallos judiciales de los jueces Mariano Candal y María Elvira Rosón no solo protegen a los trabajadores afectados, sino que también actúan como un freno a las prácticas que la nueva legislación podría fomentar. Al ordenar la reincorporación inmediata y garantizar que los empleados puedan participar en las próximas elecciones sindicales, la Justicia envía un mensaje claro: el derecho a la protesta y a la organización gremial no puede ser penalizado.
La libertad sindical, un derecho que resiste la embestida
Los jueces fueron contundentes en sus argumentos. El fallo del Dr. Candal destaca que los despidos se enmarcan en un «nítido conflicto colectivo» y que la decisión de la empresa atenta contra el ejercicio de la libertad sindical. Por su parte, la Dra. Rosón enfatiza la contemporaneidad de los despidos con el conflicto gremial, recordando la doctrina de la Corte Suprema en el caso «Álvarez» que protege el principio de igualdad y la prohibición de discriminación.
Los trabajadores, representados por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, celebraron las decisiones judiciales, señalando que son «muy alentadoras» y un claro mensaje contra la «prepotencia patronal». La situación en Georgalos ilustra la tensión entre las empresas que buscan maximizar su flexibilidad operativa, a veces a costa de los derechos de sus trabajadores, y un Poder Judicial que, en este caso, se erige como garante de las garantías constitucionales. El desenlace de este conflicto no es solo una victoria para los dos trabajadores reincorporados, sino también una señal para todo el movimiento obrero sobre la importancia de la acción judicial como herramienta de defensa frente a normativas que buscan reducir el poder de los sindicatos y los derechos laborales.
