La Justicia le pone freno al Gobierno: prohíben despidos en Vialidad Nacional
La medida, tomada en respuesta a una demanda del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), fue celebrada por distintos sectores gremiales, especialmente por la titular del Sindicato de Trabajadores Viales (Stvyara), Graciela Aleñá, quien advirtió: “La pelea continúa”.
En un fallo que marca un freno judicial a la ofensiva desreguladora del Gobierno nacional, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 ordenó suspender por seis meses la aplicación del decreto presidencial que eliminaba la Dirección Nacional de Vialidad y habilitaba despidos, traslados y reestructuraciones en el organismo.
El fallo ordena al Poder Ejecutivo abstenerse de ejecutar cualquier acto derivado del decreto, incluyendo cesantías, reubicaciones y cambios estructurales, y establece un plazo de seis meses de suspensión para evitar daños irreversibles. La jueza Martina Isabel Forns, al frente del tribunal, dio así un primer respaldo al reclamo sindical que acusa al Gobierno de actuar con autoritarismo y sin base legal para desmantelar una institución clave del Estado.
Un fallo que pone límites a la política de “motosierra institucional”
La resolución judicial no sólo frena despidos: marca un límite a una política de ajuste estatal por decreto que amenaza con desmantelar organismos estratégicos sin debate legislativo ni consenso social. La eliminación de Vialidad Nacional —parte del megaplan de reformas liderado por Federico Sturzenegger desde el nuevo Ministerio de Desregulación— fue denunciada por diversos actores como una decisión inconsulta y riesgosa, con consecuencias graves para las economías regionales, la seguridad vial y el mantenimiento de la red federal de rutas.
Graciela Aleñá, figura central en la defensa del organismo, fue contundente: “No hay antecedentes mundiales de que un Gobierno elimine un organismo estratégico estatal vial como lo hizo Javier Milei. Esta gestión es demencial y cruel”.
La dirigente sindical valoró el fallo como una victoria parcial pero importante, que otorga tiempo y visibilidad a la lucha por preservar la estructura vial estatal. Sin embargo, remarcó que la ofensiva no se detiene: “Esto no está resuelto de fondo. El Gobierno es sordo y autoritario. Hay que seguir peleándola”.
Vialidad: un conflicto que trasciende lo laboral
Lejos de ser un simple conflicto gremial, el caso Vialidad se transformó en un símbolo de la resistencia al modelo de ajuste estatal sin matices que impulsa el oficialismo. El intento de cerrar el organismo tocó fibras profundas: el federalismo, el rol del Estado en la conectividad territorial, la siniestralidad vial y el transporte de la producción nacional. Más del 90% de las mercancías se trasladan por el sistema carretero, y la eliminación de Vialidad —sin una estructura paralela eficiente— pone en riesgo tanto la seguridad como el desarrollo económico en zonas clave.
Aleñá destacó que el conflicto generó una inusitada solidaridad de sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales y la ciudadanía, lo que refleja el impacto estructural de la medida: “No se trata solo de salvar puestos de trabajo. Vialidad Nacional es el eje rector de cualquier economía del país”, sostuvo.
¿Y ahora qué?
La Justicia frenó el decreto, pero el proyecto de disolver Vialidad sigue vigente. Para que pierda validez definitiva, debe ser rechazado por ambas cámaras del Congreso. En ese sentido, la presión social y política será clave para evitar que el Gobierno insista con su avanzada, apelando incluso a otras herramientas o negociaciones por debajo del radar institucional.
En un contexto de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y los sectores productivos del Estado, el caso Vialidad podría sentar precedente para otros organismos públicos en riesgo. El mensaje del fallo es claro: la desregulación no puede hacerse por decreto y a espaldas del pueblo. Y el mensaje sindical también: “Vialidad no se toca”.
