La Justicia le pidió al Banco Central una explicación sobre qué hizo con el oro de las reservas
El mensaje judicial es claro: la protección de activos estratégicos no puede ser una excusa para el secretismo. En un Estado de derecho, la prudencia financiera debe convivir con la transparencia y la rendición de cuentas, incluso —y especialmente— cuando se trata del resguardo de las reservas del país.
La Justicia volvió a marcarle límites al Banco Central al ordenar que brinde información concreta sobre el destino de los lingotes de oro de las reservas enviados al exterior.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó un fallo previo y cuestionó con dureza la negativa del organismo a transparentar decisiones vinculadas a un activo estratégico del país, al considerar que se amparó en argumentos vagos y carentes de sustento.
El caso se originó a partir de pedidos de acceso a la información impulsados por la Asociación Bancaria, que reclamó precisiones sobre eventuales traslados de oro fuera del país, los actos administrativos que los habilitaron, los funcionarios involucrados, los seguros contratados y los controles internos aplicados. Frente a ese planteo, el BCRA optó por declarar la reserva total de los datos, invocando riesgos para la seguridad de las reservas y el sistema financiero.
La Cámara, integrada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, desarmó ese argumento. En su resolución sostuvo que el Banco Central no demostró de manera concreta por qué la divulgación de información básica —como la existencia de las operaciones, los montos o los expedientes administrativos— podría causar un daño real. Para los magistrados, la respuesta oficial se limitó a “afirmaciones genéricas” incompatibles con los principios de publicidad y máxima divulgación que rigen el acceso a la información pública.
El fallo introduce una crítica de fondo al criterio adoptado por la autoridad monetaria: las excepciones previstas por la ley no pueden quedar libradas a la decisión unilateral del organismo que debe rendir cuentas. Es el Estado, remarcaron los jueces, quien tiene la carga de probar que el secreto es necesario y proporcional, algo que el BCRA no hizo.
La relevancia del pronunciamiento excede el caso puntual. La administración de las reservas internacionales —y en particular del oro— es un asunto de interés público indiscutible, más aún en un contexto de fragilidad económica y escasez de divisas. El intento de blindar esa información sin explicaciones sólidas no solo debilita la confianza institucional, sino que erosiona los mecanismos de control democrático sobre decisiones sensibles.
En línea con el dictamen del fiscal general, la Cámara ordenó al Banco Central que entregue la información solicitada o, alternativamente, que justifique de manera detallada y punto por punto cualquier restricción, explicando qué riesgo concreto implicaría cada dato. Además, impuso las costas del proceso al organismo, una señal adicional de reproche a su conducta procesal.
