La Jueza le respondió al gobierno, afirmando que su argumento estaba «apegado a la Constitución Nacional»

Andrade defendió su resolución, afirmando que su argumento estaba «apegado a la Constitución Nacional» y resaltando la importancia de respetar los derechos fundamentales, como el derecho a la protesta.

En un contexto de creciente tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, la jueza Karina Andrade ha sido objeto de ataques por parte del Gobierno tras su decisión de liberar a 114 manifestantes detenidos durante una represión en el Congreso.

La magistrada, quien se ha convertido en el epicentro de una contienda entre la independencia judicial y la presión política, se mostró clara en su exposición. «Fui lo más clara en la resolución», declaró, enfatizando que su papel como jueza implica tomar decisiones basadas en los elementos disponibles y en el marco legal. Según Andrade, su fallo se fundamentó en la falta de pruebas suficientes y en la inexistencia de una investigación formal por parte del Ministerio Público Fiscal que justificara las detenciones.

Andrade subrayó la necesidad de diferenciar entre la urgencia de una respuesta judicial y la expectativa del Estado de investigar delitos. «Se tiene que entender que es una obligación tomar decisiones para los jueces de turno», explicó, señalando que el sistema judicial debe asegurar la protección de los derechos civiles, incluso en situaciones de protesta social. Su argumento se basa en la premisa de que «toda orden queda supeditada a que no haya impedimento de libertad».

Al ser consultada sobre la naturaleza de las acusaciones contra los manifestantes, la jueza reveló que las detenciones estaban relacionadas con artículos del código penal que tipifican el incumplimiento de órdenes policiales, pero que carecían de actas o descripciones claras de los hechos. «No se recibió información del lugar», indicó, lo que llevó a la conclusión de que no había un fundamento sólido para mantener a los detenidos bajo arresto.

La respuesta del Gobierno ante la decisión de Andrade ha sido vehemente, con funcionarios criticando abiertamente su actuación y cuestionando la independencia del Poder Judicial. Este enfrentamiento revela una fractura en la relación entre las instituciones, donde el Ejecutivo parece presionar por una respuesta más contundente ante las manifestaciones, mientras que el Poder Judicial se aferra a los principios de legalidad y derechos humanos.

En un momento crucial para la democracia, la jueza Andrade ha insistido en que su decisión no implica el cierre del caso, y que la investigación sobre los hechos ocurridos durante las manifestaciones puede continuar. «Alguno podría terminar detenido eventualmente», advirtió, dejando claro que su fallo no exime a los manifestantes de responsabilidad, sino que se basa en el respeto a sus derechos en el contexto de una respuesta judicial adecuada.

Este episodio pone de manifiesto la complejidad de la relación entre el derecho a la protesta y la acción del Estado, así como la vital importancia de contar con un sistema judicial que actúe de manera independiente y conforme a la ley. La defensa de la jueza Andrade por la protección de los derechos civiles en medio de la presión política plantea preguntas fundamentales sobre el futuro de la justicia y la democracia en el país.