La industria textil pierde terreno: las importaciones ya dominan el 70% del mercado

La apertura comercial impulsada por el Gobierno de Javier Milei comienza a mostrar una de sus caras más sensibles para la industria nacional: el mercado textil argentino pasó a depender en un 70% de productos importados, mientras las fábricas locales enfrentan una fuerte caída de la producción y trabajan con menos de la mitad de su capacidad instalada.

El dato expone una transformación profunda en la estructura del sector. Históricamente, el mercado interno se repartía prácticamente en partes iguales entre producción nacional e importaciones.

Ese equilibrio, según la Fundación Pro Tejer, quedó alterado por la aceleración del ingreso de productos extranjeros, en un escenario que combina apertura comercial, desregulación de las importaciones y un tipo de cambio real apreciado.

Desde la entidad cuestionaron que la liberalización del comercio exterior no haya sido acompañada por una reducción equivalente de los costos que enfrenta la industria argentina.

En particular, señalaron el peso de la carga tributaria, los problemas logísticos, el costo del financiamiento y otras restricciones que condicionan la competitividad de las empresas locales.

Los números del primer semestre reflejan una situación desigual. Las importaciones textiles y de indumentaria totalizaron 177.356 toneladas por unos US$911 millones. Aunque esos valores representan una baja interanual del 20% en volumen y del 5% en dólares, la evolución no fue uniforme dentro de la cadena.

La mayor contracción se produjo precisamente en los segmentos vinculados con la producción industrial: las compras externas de materias primas cayeron 33%, los hilados 43%, los tejidos planos 52% y los tejidos de punto 34%. Para Pro Tejer, estos movimientos son una señal del menor nivel de actividad y del exceso de oferta existente en el mercado interno.

Pero mientras retroceden los insumos y productos vinculados con la fabricación local, las importaciones de bienes terminados avanzan con fuerza. La llegada de indumentaria desde el exterior aumentó 62% en toneladas y 36% en dólares, mientras que las confecciones para el hogar crecieron 26% en volumen y 7% en valor.

La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) fue más allá y denunció la existencia de una “competencia fraudulenta”, al considerar que parte de las ventajas generadas por la desregulación y la reducción de trámites terminaron beneficiando principalmente a los productos importados.

Desde la entidad remarcaron que la industria nacional no cuestiona necesariamente la apertura comercial. De hecho, el sector participa de iniciativas destinadas a ampliar mercados y avanzar en acuerdos comerciales. El reclamo, sostienen, apunta a que la competencia se produzca bajo reglas equivalentes.

Uno de los principales focos de preocupación es la presunta subfacturación de importaciones. FITA sostiene que más del 70% de determinados productos ingresa al país a valores considerablemente inferiores a los antecedentes del mercado, en algunos casos por debajo incluso del costo de la principal materia prima utilizada para producirlos.

Si esa situación se confirma, el problema excedería una simple discusión entre industria nacional y productos extranjeros: implicaría una distorsión de los precios de entrada que coloca a las empresas locales frente a competidores con condiciones difíciles de igualar.

El impacto de esta dinámica ya se refleja en los indicadores productivos. La producción textil cayó 24,4% durante el primer semestre frente al mismo período de 2025 y acumula una contracción del 34% respecto de 2023.

Más contundente aún resulta el nivel de utilización de las fábricas: apenas alcanzó el 39% de la capacidad instalada. En términos simples, seis de cada diez máquinas permanecen detenidas.

El dato plantea una discusión que trasciende al sector textil. La estrategia oficial de apertura busca ampliar la oferta, reducir costos y favorecer al consumidor mediante una mayor competencia.

Sin embargo, el interrogante que queda abierto es qué ocurre cuando esa competencia se desarrolla mientras la industria local mantiene una estructura de costos elevada y enfrenta dificultades para financiar inversiones, sostener el empleo y modernizar sus procesos.