La Fiscalía investiga a la UDEF por supuestas maniobras policiales del PP contra Podemos
La Audiencia Nacional está analizando si altos mandos policiales favorecieron operaciones irregulares contra Podemos durante el último mandato del Partido Popular en el Gobierno. El juez Santiago Pedraz ha imputado al excomisario José Manuel García Catalán, exresponsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y ha citado a declarar para el próximo 25 de junio.
La investigación se inició tras la aceptación de un recurso presentado por Pablo Iglesias, quien actúa como acusación particular en el caso.
La causa busca esclarecer si, entre 2015 y 2016, se llevaron a cabo investigaciones policiales sin autorización judicial contra Podemos y algunos de sus líderes, con la finalidad de obtener o legitimar información comprometida contra el partido.
Entre los hechos bajo sospecha, se encuentra un viaje en abril de 2016 a Nueva York realizado por García Catalán y otros agentes, con el fin de recabar testimonios del exministro venezolano Rafael Isea. Aunque oficialmente el viaje buscaba verificar un documento que vinculaba a dirigentes de Podemos con pagos del gobierno de Caracas, la acusación sostiene que su verdadero objetivo era justificar filtraciones y crear una campaña de desprestigio político.
La pesquisa se remonta a 2014, cuando el juez Pedraz admitió una querella de Podemos por supuestas investigaciones no autorizadas destinadas a dañar la imagen del partido mediante filtraciones a los medios de comunicación.
En su declaración ante la Audiencia en 2025, Isea denunció irregularidades en su testimonio en Nueva York y afirmó no poder confirmar la veracidad del documento que se le atribuyó. Además de García Catalán, están involucrados otros exfuncionarios del Ministerio del Interior, como el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
Este caso se desarrolla paralelamente al conocido como caso Kitchen, que investiga el presunto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, llevado a cabo por miembros de la Policía, y vuelve a poner en el foco las posibles maniobras con recursos públicos con fines políticos.
