La estrategia gradualista de Milei: vuelven a aumentar los impuestos a los combustibles
El decreto, en su esencia, es un paso más en el plan de consolidación fiscal del ministro Caputo, pero lo hace a costa de cargar los costos de la «sostenibilidad» sobre la actividad económica y la presión inflacionaria.
Mediante el Decreto 782/2025, el gobierno de Javier Milei ha oficializado un nuevo incremento en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.
Esta medida no resulta sorprendente en sí misma, ya que implica la aplicación de actualizaciones tributarias postergadas. Sin embargo, el momento y la justificación detrás de la implementación revelan una estrategia que combina la necesidad fiscal con la gestión del impacto político.
El Ejecutivo había pospuesto este incremento a principios de octubre, buscando evitar un impacto adicional en el bolsillo de los ciudadanos inmediatamente después de las elecciones legislativas y en simultáneo con las subas en las tarifas de luz y gas. Ahora, con las firmas del presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, el aumento se concreta, aunque de forma parcial.
El decreto establece que el impacto total, que incluye el remanente de la actualización de 2024 y las correspondientes al primer y segundo trimestre de 2025, entrará en vigencia a partir del 1° de diciembre de 2025 .
Impacto recesivo en la producción
Los impuestos a los combustibles son considerados «impuestos al transporte» y, por extensión, a la logística de toda la cadena productiva. El incremento, aunque se justifique por la sostenibilidad fiscal, automáticamente encarecerá el costo de mover mercancías, lo que se trasladará a los precios de bienes y servicios. En un contexto de estanflación o bajo crecimiento, subir este tipo de tributos puede ser contraproducente, ya que desestimula la actividad económica que se busca «estimular».
Diferimiento y gestión política del costo
El hecho de haber pospuesto el incremento hasta después de un momento clave (las elecciones legislativas) y ahora diferirlo hasta diciembre, aunque busca suavizar la percepción social, genera la crítica de que la política económica se subordina a los tiempos políticos. El aumento se aplica, pero se patea el impacto directo a la próxima ventana de gestión, una práctica que choca con el discurso de transparencia fiscal del Gobierno.
Ajuste por IPC y el círculo vicioso inflacionario
El decreto reafirma que las subas son trimestrales y se ajustan por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Este mecanismo, si bien automático, retroalimenta la inflación. Al subir el combustible por la inflación pasada, se genera presión sobre los costos, lo que contribuye a la inflación futura. El Gobierno, al priorizar la recaudación vía este esquema indexado, acepta un factor que impulsa la inercia inflacionaria.
En detalle, el TLCAN enfrentará un incremento de $15.557 en el impuesto a los combustibles líquidos y $0.953 por el impuesto al dióxido de carbono, mientras que el gasoil subirá $12.629 más $1.441 en el impuesto al dióxido de carbono. Estos montos, si bien son fijos y corresponden a la actualización acumulada, serán un golpe directo a los costos operativos de transporte y, por ende, a la canasta básica.
