La droguería señalada por el escándalo de coimas concentra contratos millonarios con el Estado
El caso de presunta corrupción que sacude al Gobierno de Javier Milei revela un dato que agrava aún más el escándalo: Suizo Argentina S.A., la droguería mencionada en los audios que desataron la investigación judicial y que derivaron en la salida de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), acumula contratos por más de 100.000 millones de pesos con distintos organismos del Estado.
Los registros oficiales del portal comprar.ar muestran que, desde el 10 de diciembre de 2023 hasta agosto de 2025, la empresa cerró una decena de operaciones con los ministerios de Salud, Seguridad y Defensa. Según consignaron medios nacionales, solo en la cartera sanitaria, las adjudicaciones abarcan medicamentos de altísimo costo como la Asparaginasa Pegilada (por $1.034 millones) y el Cetuximab (por $2.800 millones), en ambos casos a través de contrataciones directas.
Los montos se repiten en una escala que exhibe la magnitud del vínculo: $861 millones por Somatotropina, $762 millones por drogas oncológicas, $436 millones por Enzalutamida, $94 millones al INCUCAI por otros fármacos especializados. Y la lista sigue. El patrón muestra que Suizo Argentina se impone de manera recurrente en licitaciones millonarias, mientras las demás droguerías apenas alcanzan ventas por cifras mucho menores.
La penetración de la compañía va más allá de Salud. Con el Ministerio de Defensa, por ejemplo, la droguería vendió guantes quirúrgicos por $105 millones al Hospital Naval Pedro Mallo, y mantiene en curso un contrato por $133 millones para la provisión de soluciones fisiológicas. En paralelo, con la Policía Federal acordó la venta de medicamentos con cadena de frío por $939 millones.
En este contexto, la denuncia que investiga la Justicia adquiere un peso adicional. No se trata solo de presuntos retornos equivalentes al 3% de los contratos –unos 800.000 dólares mensuales– sino de un esquema en el que la droguería concentró buena parte de las compras estatales más costosas en el área de medicamentos, con un flujo financiero que la convierte en actor central del sistema de salud pública y en pieza clave de la trama de corrupción denunciada.
El caso ya no expone únicamente a Spagnuolo, desplazado de la ANDIS, sino al núcleo político más cercano al Presidente. Según la presentación judicial, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem aparecen como beneficiarios de los retornos; mientras que la empresa funcionaba como canalizador de fondos públicos desviados.
La magnitud de los contratos y la reiteración de adjudicaciones directas ponen bajo sospecha no solo a funcionarios puntuales, sino a la lógica de compras del Estado durante la gestión libertaria.
Si la Justicia confirma el circuito de coimas, la conexión entre el poder político y la empresa revelaría una matriz de negocios que golpea de lleno la credibilidad del Gobierno y reaviva el debate sobre la corrupción en la provisión de medicamentos de altísimo costo.
