La Corte Suprema propone reformar la designación de jueces, pero enfrenta tensiones internas y límites políticos
Sin embargo, la iniciativa, ya remitida al Consejo de la Magistratura, abre interrogantes sobre su viabilidad y sobre las propias disputas dentro del máximo tribunal.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso hacia la reforma del sistema de selección de jueces federales y nacionales, con el argumento de reducir la influencia política en los concursos.
El proyecto, impulsado por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, carece del respaldo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, lo que deja en evidencia diferencias internas que podrían debilitar el impulso reformista. A pesar de ello, la propuesta ya comenzó a circular en distintos niveles del sistema judicial, incluyendo cámaras federales y tribunales provinciales.
En términos técnicos, la reforma busca fortalecer el peso de los exámenes, los puntajes y criterios objetivos en los concursos, con la intención declarada de limitar la discrecionalidad en la elaboración de ternas. No obstante, especialistas advierten que la introducción de parámetros más “técnicos” no elimina necesariamente la política, sino que puede desplazarla hacia otras instancias menos visibles del proceso.
El contexto en el que surge la iniciativa no es menor. El Consejo de la Magistratura atraviesa una etapa de reconfiguración interna, donde los equilibrios de poder están en disputa. En ese escenario, la propuesta también puede leerse como un intento de anticiparse a esas tensiones y fijar reglas que condicionen futuras decisiones.
Aun así, su implementación está lejos de ser inmediata. El reglamento deberá superar el debate en el plenario del Consejo y alcanzar mayorías agravadas, lo que anticipa negociaciones complejas. En este punto, el proyecto revela una paradoja: busca reducir la incidencia de la política en la selección judicial, pero su destino dependerá, en gran medida, de acuerdos políticos.
