16 de abril de 2026

La CGT rechaza la reforma laboral de Milei y denuncia un intento de desmantelar derechos históricos de los trabajadores

La disputa por la reforma laboral se perfila, así, como uno de los ejes más conflictivos del fin de año. Mientras el Gobierno insiste en que busca “flexibilizar para crecer”, la CGT y otros sectores sociales advierten que el verdadero resultado será la institucionalización de la precariedad.

La Confederación General del Trabajo (CGT) rompió su silencio y anunció un rechazo frontal a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei para fin de año.

El pronunciamiento marca una línea de conflicto abierta con el oficialismo, que busca avanzar en un cambio estructural de las relaciones laborales bajo el argumento de “modernizar” el mercado de trabajo.

Héctor Daer, uno de los secretarios generales salientes de la central, fue categórico al afirmar que la CGT “no va a negociar ninguna cesión de derechos”. En su análisis, el borrador de reforma elaborado por La Libertad Avanza no representa un avance sino una “precarización planificada” que profundizará la desigualdad y la inestabilidad laboral. Según Daer, medidas como la creación de un “salario dinámico” —que permitiría a las empresas aumentar o reducir remuneraciones según su conveniencia— configuran “un delirio que no existe en ningún lugar del mundo” y sientan las bases para un retroceso social inédito.

El sindicalista también alertó que el proyecto oficial, lejos de generar empleo formal, podría provocar una nueva ola de despidos, debilitando la capacidad económica de los trabajadores y erosionando los recursos de los sindicatos. En ese sentido, la CGT prepara un “menú táctico” que incluye acciones judiciales, políticas y, si la situación lo exige, medidas de fuerza como paros y movilizaciones, replicando la estrategia que permitió frenar parcialmente el DNU 70/23 a comienzos de año.

Desde la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Maia Volcovinsky reforzó el mensaje y calificó la iniciativa del Ejecutivo como “un recorte de derechos disfrazado de reforma”. Denunció que los proyectos laborales promovidos por el gobierno no han generado empleo genuino, sino que han impulsado salarios de miseria, más empleo informal y el cierre masivo de pymes.

El análisis de la CGT va más allá del rechazo coyuntural: advierte un intento de rediseñar el mundo del trabajo bajo parámetros de desregulación y desigualdad, en los que los convenios colectivos y las protecciones laborales pierden vigencia frente a la lógica del mercado. En ese contexto, la central obrera se prepara para asumir un rol de oposición social y política a lo que considera un experimento de desmantelamiento del sistema laboral argentino construido durante más de medio siglo.

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