La CGT busca disputar la narrativa económica con un observatorio propio en alianza con la UBA
La iniciativa apunta a construir indicadores propios que le permitan cuestionar la información oficial y recuperar capacidad de incidencia en el debate económico.

En un escenario de reconfiguración política y sindical, la Confederación General del Trabajo avanza en una estrategia que combina producción técnica y posicionamiento político: la creación de un observatorio de estadísticas socioeconómicas en conjunto con la Universidad de Buenos Aires.
El movimiento se produce tras una serie de derrotas judiciales frente a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que evidenciaron los límites de la vía institucional para frenar cambios estructurales. En ese contexto, la central sindical redefine su táctica: si no logra condicionar las políticas desde los tribunales, buscará disputar la legitimidad de los datos que sustentan esas decisiones.
El proyecto contempla la elaboración de informes periódicos sobre inflación, empleo y costo de vida, con respaldo académico y metodológico. Más que una herramienta técnica, el observatorio se perfila como un instrumento político: permitirá a la CGT intervenir con mayor peso en negociaciones paritarias y confrontar la narrativa oficial en un momento donde los acuerdos salariales tienden a ubicarse por debajo de la inflación.
Sin embargo, la iniciativa también responde a tensiones internas. Sectores más combativos, agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos, han comenzado a disputar protagonismo dentro del movimiento obrero, impulsando sus propios esquemas de medición económica y capitalizando conflictos laborales. Esta competencia obliga a la conducción cegetista a fortalecer su perfil técnico y político para sostener su centralidad.
El trasfondo es un mercado laboral que muestra signos de fragilidad: suspensiones, despidos y desaceleración de la actividad. Aun así, el nivel de conflictividad sindical se mantiene relativamente bajo, en parte por el temor al desempleo y por una dinámica social donde el malestar no se traduce automáticamente en protesta organizada.
En la CGT interpretan que este equilibrio es transitorio. Con antecedentes como la década de 1990 durante el gobierno de Carlos Menem, donde el deterioro del empleo erosionó el respaldo político, los dirigentes proyectan un escenario en el que la conflictividad podría escalar si se profundizan las dificultades económicas.
En esa lectura, el “INDEC propio” no solo busca disputar cifras, sino también anticiparse a un eventual cambio en el clima social y reposicionar al sindicalismo como actor clave en la construcción de una alternativa política hacia 2027.
