La CGT apuesta a la presión política y descarta el paro: movilización al Congreso por la reforma laboral
La CGT enfrenta la discusión de la reforma laboral con una estrategia dual: exhibir capacidad de movilización en la calle, pero sin romper del todo los canales de negociación política, en un equilibrio frágil que refleja las diferencias internas sobre cómo enfrentar el avance del Gobierno en materia laboral.

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió una estrategia de presión política frente al debate de la reforma laboral y anunció una movilización al Congreso para el próximo miércoles, coincidiendo con el tratamiento del proyecto en el Senado.
Sin embargo, la central obrera resolvió no convocar a un paro general, una señal de las tensiones internas que atraviesan a la organización y de la cautela con la que busca incidir en la discusión legislativa.
El triunviro Jorge Sola sostuvo que la iniciativa impulsada por el Gobierno “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores” y adelantó que la protesta será “multitudinaria y contundente”, a partir de las 15 en la Plaza del Congreso. Al mismo tiempo, dejó en claro que la CGT privilegia, por ahora, el plano institucional por sobre la confrontación directa.
En ese sentido, Sola subrayó que la resolución del conflicto es “política” más que gremial y trasladó la responsabilidad del desenlace de la reforma a los legisladores. “Tendrán que poner en claro si defienden los intereses de los trabajadores”, afirmó, en un mensaje dirigido especialmente a los senadores que deberán definir la suerte del proyecto.
La conducción cegetista aseguró haber desplegado una intensa ronda de contactos con el arco político y productivo, que incluyó a “más de 16 gobernadores, 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes”, además de representantes de las pymes, con el objetivo de introducir modificaciones al texto y atenuar su impacto.
La decisión de no avanzar con un paro general fue el resultado de un debate interno en el Consejo Directivo, donde se impuso la postura de los sectores más dialoguistas. Estos consideran que un nuevo paro nacional —el cuarto contra la gestión de Javier Milei— podría resultar prematuro y perder efectividad, especialmente a la luz de la experiencia del último, realizado en abril del año pasado, cuando la falta de adhesión de la UTA debilitó la medida.
Además, este sector apuesta a influir en el trámite parlamentario del proyecto, con la expectativa de que la negociación en ambas cámaras permita introducir cambios sustanciales antes de su eventual aprobación. No obstante, desde la conducción dejaron abierta la posibilidad de recurrir a medidas de fuerza más duras en el futuro, al advertir que se trata de “una batalla larga”.
En paralelo, los sectores más combativos, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), mantienen una línea de mayor confrontación. Tras movilizarse junto a las dos CTA en Córdoba, volverán a marchar el martes en Rosario y ya confirmaron un paro propio para el miércoles desde las 10, con el objetivo de facilitar la participación de sus afiliados en la protesta frente al Congreso.
