La Central Obrera de Bolivia rechaza cambios en la Ley Laboral
En un comunicado oficial, la principal organización sindical expresó su rechazo a cualquier modificación de la Ley General del Trabajo, valorando esa normativa como una conquista histórica e inalienable del movimiento laboral en Bolivia.
La Central Obrera Boliviana (COB) declaró este martes un estado de emergencia ante lo que considera una «reacción regresiva» contra los derechos de los trabajadores, advirtiendo que tomará medidas de presión progresivas si no se atienden sus solicitudes.
«Intentos de vulnerar estos derechos serán enfrentados con acciones de protesta escalonadas», afirmó el documento.
La dirigencia sindical también manifestó su oposición a la reforma de la Ley 157, que regula el régimen de tierras, alertando que la propuesta facilitaría el embargo de pequeñas propiedades agrícolas mediante bancarización forzada, poniendo en riesgo la función social y la inembargabilidad de la tierra.
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Además, exigió a la Asamblea Legislativa que archive de manera «inmediata y definitiva» el proyecto de ley llamado “Antibloqueos”, argumentando que su propósito es criminalizar el derecho constitucional a la protesta y a la huelga. La COB advirtió que adoptará las medidas que «las bases exijan» si el proyecto continúa en trámite legislativo.
En su pronunciamiento, la organización también solicitó al Ministerio Público que actúe con transparencia respecto al caso “Narcomaletas” y a los recientes hechos de narcotráfico detectados en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.
Asimismo, la COB cuestionó la crisis de combustibles y denunció la baja calidad de la gasolina, la cual, afirmó, ha causado graves daños a los vehículos automotores.
En el plano institucional, la central sindical denunció una supuesta campaña de persecución política y difamación contra sus dirigentes por parte del Órgano Judicial y el Ministerio Público, en relación con movilizaciones realizadas en diciembre de 2025 y enero de 2026.
Finalmente, expresó su preocupación por la política económica del gobierno del presidente Rodrigo Paz, señalando que la contratación de préstamos internacionales «desproporcionados» podría comprometer la soberanía económica del país y generar un endeudamiento que afectaría el bienestar de las familias bolivianas, sin claridad sobre el destino de los recursos obtenidos.
