2 de mayo de 2026

La abogada santiagueña afrontará un juicio con un pedido de hasta 15 años de prisión por un insulto

La defensa continúa solicitando que se revoquen las medidas cautelares para que Páez pueda continuar el proceso en Argentina. Hasta ahora, los pedidos fueron rechazados por la Justicia brasileña, que sostiene que el acuerdo bilateral de cooperación judicial entre ambos países no se aplica en esta etapa inicial del proceso.

La abogada santiagueña Agostina Páez, de 29 años, enfrentará el próximo 24 de marzo el inicio del juicio en Brasil por un episodio ocurrido a la salida de un boliche en el barrio de Ipanema, en Río de Janeiro, donde fue acusada de proferir insultos racistas.

El caso generó debate por la severidad de las penas que contempla la acusación: la fiscalía solicita que se apliquen cargos acumulativos que podrían derivar en una condena de hasta 15 años de prisión.

Páez permanece desde hace dos meses en Brasil bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial. Según explicó su nueva abogada, Carla Junqueira, el Ministerio Público brasileño plantea la figura de “concurso material” entre tres presuntos hechos de injuria racial, lo que eleva considerablemente la posible condena. Incluso tomando el mínimo previsto por cada cargo, la pena superaría los seis años, lo que implicaría prisión efectiva.

La acusación se apoya en tres elementos: el video que se viralizó en redes sociales, los testimonios de quienes se consideran víctimas del hecho y otro registro audiovisual grabado dentro del bar donde ocurrió el incidente. Sin embargo, la defensa sostiene que solo el primer video constituye evidencia directa y cuestiona la solidez de los otros dos puntos que integran la imputación.

El caso abrió una discusión más amplia sobre la proporcionalidad de las penas previstas en la legislación brasileña para este tipo de delitos. Mientras la fiscalía insiste en la gravedad del hecho y en la necesidad de sancionar de forma ejemplar las expresiones racistas, desde el entorno de la acusada consideran desmedida la posibilidad de enfrentar más de una década de cárcel por un episodio verbal ocurrido en un contexto nocturno y confuso.

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