Juicio político a la Corte: Citarán «por la fuerza pública» al exdirector de la Obra Social del Poder Judicial
La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados decidió pedir a la Justicia la comparecencia «por la fuerza pública» del exdirector de la Obra Social del Poder Judicial (Ospjn), Aldo Tonón, quien había sido citado por tercera vez para este miércoles, aunque nuevamente no se presentó.
El exfuncionario no concurrió en tres oportunidades con el argumento de que tiene una causa judicial por este mismo tema y cualquier declaración afectará su defensa. Tampoco se presentaron este miércoles el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici, y el contador Nicolás Serafini, que firmaba los balances de la obra social. Ambos argumentaron sus ausencias en motivos personales y pidieron reprogramar las citas, informó C5N.
Si bien para la reunión de este miércoles había sido citado para completar su testimonio de la semana pasada Héctor Marchi, el desplazado administrador del máximo tribunal, esta convocatoria será reprogramada para la semana próxima dado que debió presentarse a declarar ante el juez federal Ariel Lijo en la causa por el manejo de los fondos de la obra social.
La comisión de Juicio Político, además, recibió nuevos testimonios que detallaron las irregularidades y la informalidad en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.
Al abrir una nueva audiencia por el proceso contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema, la comisión también aprobó un pedido de información a la AFIP sobre la empresa MoRo Media SRL, una firma creada por Silvio Robles, asesor y mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y que ahora está en manos de su hermano, como parte de las pruebas que está solicitando el organismo parlamentario que estudia la conducta de los miembros del máximo tribunal.
La de este miércoles fue la duodécima reunión de la comisión de Juicio Político desde que se inició el trabajo de ese cuerpo parlamentario, el 26 de enero pasado, para determinar si los jueces del máximo tribunal incurrieron en mal desempeño de sus funciones.
En la última reunión, y tras el desplazamiento de su cargo, Marchi denunció ante los legisladores una «sanción encubierta» y «amenazas» contra funcionarios de los Tribunales.
