Javier Milei reparte auxilio fiscal selectivo: $400 mil millones para provincias aliadas y nada para el resto

Más que una política de asistencia general, el esquema parece consolidar una arquitectura de poder donde los recursos se convierten en herramienta de disciplinamiento político, en un contexto donde la fragilidad fiscal se extiende a todo el territorio.

En medio de una creciente tensión fiscal, el gobierno de Javier Milei oficializó un esquema de asistencia financiera que expone con claridad su lógica política: apoyo económico para las provincias alineadas y marginación para aquellas que no lo están.

A través del Decreto 219/2026, firmado también por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, la Casa Rosada habilitó anticipos de coparticipación por hasta 400 mil millones de pesos destinados exclusivamente a 12 jurisdicciones consideradas “aliadas” o, al menos, funcionales al oficialismo.

El mecanismo no es neutral: los fondos deberán devolverse dentro del mismo ejercicio fiscal, con una tasa fija del 15% anual y mediante retenciones automáticas sobre futuras transferencias. En los hechos, se trata de un financiamiento condicionado que compromete aún más la autonomía financiera de las provincias beneficiadas, al tiempo que deja sin herramientas inmediatas a las restantes.

Las jurisdicciones alcanzadas —entre ellas Catamarca, Mendoza, Tucumán y Chubut— reflejan un mapa político más que una distribución basada en criterios objetivos de necesidad. Algunas mantienen una alineación firme con el Ejecutivo nacional; otras, si bien han tenido tensiones, sostienen canales de negociación abiertos. El resto del país, en cambio, queda excluido del alivio financiero en un contexto de deterioro generalizado.

La medida, anticipada en medio del debate por la reforma de la Ley de Glaciares, también puede leerse como una herramienta de presión política en el Congreso. En ese sentido, el auxilio económico funciona como incentivo para garantizar apoyos legislativos en una agenda oficial que enfrenta resistencias.

Desde el Gobierno justifican la decisión como una respuesta a la caída sostenida de la recaudación, que acumula ocho meses consecutivos en baja. Sin embargo, gobernadores de distintos signos políticos advierten que la crisis es transversal y no distingue alineamientos partidarios. Según estimaciones provinciales, solo en el primer trimestre la merma de ingresos alcanzó el billón de pesos en comparación con el año anterior.

En ese escenario, la estrategia oficial refuerza una dinámica de “premios y castigos” que profundiza las asimetrías entre distritos y tensiona el federalismo fiscal. Mientras algunas provincias acceden a oxígeno financiero bajo condiciones estrictas, otras enfrentan paritarias en conflicto y cuentas en rojo sin respaldo nacional.