Javier Milei relativizó la precarización laboral mientras crecen el desempleo y la informalidad

Las declaraciones del Presidente, lejos de cerrar el debate, lo amplifican. Mientras el Gobierno insiste en interpretar ciertos indicadores como señales de mejora, los datos estructurales del mercado laboral plantean un diagnóstico más crítico: menos empleo de calidad, mayor informalidad y una economía que, por ahora, no logra traducir sus reformas en una mejora sostenida de las condiciones de trabajo.

El presidente Javier Milei volvió a generar controversia al defender públicamente el desempeño del empleo no registrado, en un contexto económico marcado por el deterioro del mercado laboral.

A través de redes sociales, el mandatario difundió datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para sostener que los ingresos del trabajo informal mostraron una mejora relativa frente a los sectores formales, poniendo en duda los cuestionamientos sobre su calidad.

El planteo no pasó desapercibido. Al destacar la evolución del salario en negro, Milei sugirió que las críticas sobre la precariedad de estos empleos son “debatibles”, una afirmación que abre interrogantes sobre el enfoque oficial respecto a las condiciones laborales. En lugar de señalar la informalidad como un problema estructural, el discurso presidencial parece reinterpretarla como un síntoma —e incluso una posible válvula de ajuste— frente a las rigideces del mercado formal.

Sin embargo, los propios datos del INDEC muestran un escenario más complejo. Durante el cuarto trimestre de 2025, la tasa de desempleo alcanzó el 7,5%, el nivel más alto para ese período desde 2020. En términos absolutos, cerca de 1,7 millones de personas se encuentran sin trabajo, lo que implica un aumento significativo respecto del año anterior. A lo largo de la gestión de Milei, la desocupación creció casi dos puntos porcentuales, evidenciando dificultades para sostener la promesa de dinamización del empleo.

A este cuadro se suma el avance de la informalidad, que ya afecta al 43% de los trabajadores, mientras que el empleo registrado continúa en retroceso. Este fenómeno no solo refleja la incapacidad de generar puestos formales, sino también un proceso de creciente precarización, donde los trabajadores quedan por fuera de derechos básicos como estabilidad, cobertura social y protección legal.

El deterioro del poder adquisitivo profundiza aún más la tensión. Los salarios reales del sector formal registraron una caída en 2025, con un impacto particularmente fuerte en el empleo público. En este contexto, la mejora relativa del ingreso informal no necesariamente implica una recuperación genuina, sino más bien un reacomodamiento en un escenario de pérdida generalizada.