El Gobierno avanza con la venta total de Intercargo y profundiza su estrategia de retiro del Estado
La privatización de Intercargo no solo representa una operación económica, sino también un nuevo capítulo en el debate sobre el modelo de gestión de servicios públicos en Argentina y los límites entre eficiencia de mercado e interés estratégico nacional.
El gobierno de Javier Milei formalizó un nuevo paso en su política de privatizaciones al poner en marcha la venta del 100% de Intercargo, la firma encargada del servicio de rampa en los aeropuertos del país.
La medida fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo, y establece el llamado a licitación pública tanto a nivel nacional como internacional.
El proceso se estructurará bajo un esquema de licitación en varias etapas, con precio base, que —según el Ejecutivo— busca asegurar condiciones de transparencia y competencia. Sin embargo, el avance sobre una empresa estratégica vuelve a poner en discusión el alcance del repliegue estatal en sectores clave de la infraestructura aeroportuaria.
La operación estará canalizada a través de la plataforma estatal de contrataciones, con un cronograma que fija plazos ajustados para consultas y presentación de ofertas. A su vez, se conformará una comisión evaluadora específica, mientras que organismos como la Secretaría de Transporte y la unidad encargada de la transformación de empresas públicas tendrán un rol activo en el seguimiento del proceso.
Un aspecto central —y no menor— es que, antes de concretar la privatización, el Estado deberá rescindir el contrato de concesión vigente que le otorga a Intercargo la exclusividad del servicio de rampa. Este punto abre interrogantes sobre las condiciones en las que se redefinirá el mercado y el posible ingreso de nuevos actores privados.
Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa apunta a mejorar la eficiencia y atraer operadores con experiencia internacional. No obstante, la decisión también puede leerse como parte de una lógica más amplia de desarticulación del rol empresarial del Estado, cuyo impacto a mediano plazo —en términos de costos, calidad del servicio y condiciones laborales— aún permanece abierto.
