Javier Milei redobla su ataque a Kicillof: pide su renuncia y amenaza con intervenir la provincia
El enfrentamiento entre Milei y Kicillof suma un nuevo capítulo de tensión a la arena política argentina. Mientras el presidente insiste en su discurso de mano dura y centralización del poder, los gobernadores advierten sobre las graves implicancias de estas amenazas para la democracia y el sistema federal del país.
El presidente Javier Milei intensificó su enfrentamiento con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al exigir públicamente su renuncia y amenazar con intervenir la provincia. La inseguridad en territorio bonaerense, y en particular el asesinato de Kim Gómez en La Plata, fueron utilizados como argumento central por el mandatario nacional para justificar su postura.
En un mensaje en redes sociales, Milei sostuvo que no se puede trabajar con alguien «que cree que los delincuentes son las víctimas, mientras nosotros creemos que los delincuentes son los malos y el que las hace las paga». Además, describió la situación en Buenos Aires como «un baño de sangre» y argumentó que, ante la supuesta incapacidad de Kicillof para resolver la crisis de inseguridad, el gobierno nacional debería intervenir la provincia. «Como usted claramente no puede resolverlo (si no pudo administrar un bar menos una provincia), dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia», enfatizó.
El tono del mensaje presidencial generó un fuerte rechazo en distintos sectores políticos y reavivó el debate sobre los límites del federalismo y la autonomía provincial. El gobernador Gerardo Zamora, entre otros dirigentes, salió en defensa de Kicillof y criticó las declaraciones de Milei, calificándolas de «un ataque directo a los valores republicanos y federales que nos definen como nación».
Zamora subrayó la necesidad de garantizar la estabilidad institucional y el respeto por la voluntad popular. «Es imperativo defender las autonomías provinciales, respetar la voluntad popular expresada en las urnas y garantizar que quienes han sido elegidos democráticamente puedan ejercer su mandato sin presiones ni imposiciones», concluyó.
