Javier Milei busca ampliar los beneficios a los grandes capitales con un “Súper RIGI”
Con el “Súper RIGI”, Milei intenta reforzar el mensaje de que la Argentina avanzará hacia un esquema económico cada vez más desregulado y competitivo para los grandes inversores, aun cuando persisten interrogantes sobre el impacto que esas políticas tendrán sobre la industria local, el empleo y la capacidad de desarrollo nacional a largo plazo.
El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley destinado a profundizar el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales herramientas impulsadas por el Gobierno para atraer capitales privados y acelerar inversiones de gran escala.
Bajo el nombre de “Súper RIGI”, la iniciativa —anticipada por el mandatario a través de redes sociales— buscará ampliar aún más los beneficios fiscales, aduaneros y regulatorios ya contemplados en el esquema original. Según explicó Milei, el nuevo régimen estará orientado a sectores productivos “que nunca existieron en Argentina” y apuntará a fomentar el desembarco de empresas vinculadas a nuevas actividades económicas y tecnológicas.
El anuncio refleja la intención de la Casa Rosada de profundizar su estrategia de apertura económica y consolidar un modelo basado en incentivos extraordinarios al capital privado, en momentos en que el Gobierno necesita mostrar señales de inversión y generación de empleo tras meses de ajuste y caída de la actividad.
Aunque el Presidente aseguró que el proyecto permitirá multiplicar puestos de trabajo y desarrollar sectores dinámicos de la economía, todavía no se conocen los detalles concretos de la iniciativa ni el alcance real de los beneficios que incluirá. Sin embargo, el antecedente del RIGI original ya generó fuertes cuestionamientos de sectores opositores, sindicatos y especialistas, que advirtieron sobre posibles riesgos de pérdida de recaudación fiscal, trato diferencial para grandes corporaciones y menor capacidad regulatoria del Estado.
El nuevo esquema también podría profundizar el debate político sobre el perfil económico que impulsa el oficialismo. Mientras el Gobierno sostiene que se necesita otorgar estabilidad y condiciones excepcionales para atraer inversiones internacionales, críticos del programa advierten que este tipo de regímenes puede consolidar una economía más dependiente de capitales externos y concentrada en sectores extractivos o de baja integración local.
La iniciativa aparece además en un contexto donde el Ejecutivo busca acelerar el ingreso de dólares genuinos y reactivar expectativas de crecimiento, luego de varios meses marcados por recesión, caída del consumo y tensiones sociales derivadas del ajuste fiscal.
