Israel cierra escuelas de la ONU para palestinos en Jerusalén Este
El reciente cierre de seis escuelas gestionadas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestina (UNRWA) en Jerusalén Este representa un episodio más en la compleja y tensa situación que enfrenta la población palestina en la ciudad, y revela las dinámicas políticas, diplomáticas y sociales que influyen en la educación y los derechos humanos en la región.

Desde la ocupación de Jerusalén Este en 1967, Israel ha mantenido una política de control sobre la ciudad, que reclama como su capital unificada, sin reconocimiento internacional amplio. La presencia de instituciones palestinas, como las gestionadas por la UNRWA, ha sido fundamental para garantizar la continuidad educativa y sanitaria de los refugiados palestinos en la zona.
Sin embargo, la relación entre Israel y la UNRWA ha sido marcada por tensiones recurrentes, que en los últimos meses se han intensificado tras los atentados de Hamás y la escalada bélica en Gaza.
El cierre de las escuelas
El Ministerio de Educación israelí ordenó el cierre de estas seis instituciones, acusando a la UNRWA de infiltración por parte de grupos militantes y de impartir contenidos con sentimientos antiisraelíes. La organización niega estas acusaciones y señala que su labor se centra en brindar educación y atención sanitaria a refugiados, sin promover agendas políticas o militares. La decisión de cerrar las escuelas bajo la acusación de funcionamiento sin licencia se inscribe en un contexto donde Israel busca limitar la influencia de actores que considera peligrosos o que desafían su autoridad en Jerusalén.
Impacto social y humanitario
El cierre abrupto de estas escuelas afecta directamente a unos 800 alumnos palestinos, quienes ahora enfrentan la pérdida de un acceso fundamental a la educación en un entorno que, además, requiere cruzar puestos de control y afrontar obstáculos burocráticos para acceder a otras instituciones educativas en Jerusalén. La preocupación de padres, profesores y administradores refleja la gravedad del impacto en la comunidad, que ve vulnerados sus derechos básicos en un momento de crisis y conflicto.
La justificación del cierre
Este episodio evidencia cómo las disputas políticas y militares se trasladan al plano de los derechos humanos y la educación, generando un efecto devastador en la infancia palestina. La acusación de infiltración por parte de la UNRWA y la justificación del cierre por falta de licencia pueden ser vistas como estrategias políticas para deslegitimar a la organización y consolidar el control sobre los recursos en Jerusalén Este.
Sin embargo, estas acciones también exponen la vulnerabilidad de la población civil, que queda atrapada en un entramado de restricciones y hostilidades.
Por un lado, el cierre de las escuelas viola el derecho a la educación reconocido internacionalmente y exacerba las desigualdades existentes en un territorio en conflicto. Por otro, refleja la tendencia de Israel a limitar la presencia institucional palestina en Jerusalén Este, en un contexto donde la comunidad internacional aún no reconoce plenamente la soberanía israelí sobre la ciudad y donde las tensiones políticas se traducen en medidas que afectan la vida cotidiana de los palestinos.
