Increíble: la Sociedad Rural fue a la Corte para que eliminen multas al empleo en negro
Junto con otras cámaras empresariales, la Sociedad Rural hizo una presentación que defiende la reforma laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
Un nuevo intento empresarial para poner en vigencia la reforma laboral que Javier Milei intentó llevar adelante a través del DNU 70/223 llegó a la Corte Suprema de Justicia. Entre los protagonistas de esta ocasión se encuentra la Sociedad Rural Argentina (SRA).
La entidad empresarial agropecuaria fue a la Corte junto con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO).
Las tres entidades argumentaron que existe urgencia en la «necesidad de derogar todos los artículos» de la normativa laboral vigente que contemplan las indemnizaciones y multas que «son los principales generadores de la litigiosidad laboral» del país, argumentaron.
En total, ya van doce intentos de entidades empresarias por intervenir en el caso de la reforma laboral, pero que fueron desestimados por los jueces laborales.
El planteo
El planteamiento que las organizaciones empresariales llevaron a al Corte sostiene que los artículos 8, 9, 10 y 15 de la Ley 24.013, los artículos 1 y 2 de la Ley 25.323, y el artículo 80 de la Ley 20.744 «dificultan la generación de empleo genuino, al enfrentar a las pymes con la contingencia de afrontar una erogación que el propio negocio es incapaz de generar».
Este pedido fue impulsado también por otras entidades que quisieron operar en el expediente. Entre ellas se encuentran la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael (CCIA), la Unión de Emprendedores de la República Argentina, la Fundación Apolo Bases para el Cambio y el Centro de Internet y Economía Colaborativa (CIECOL).
También lo hicieron seis organizaciones de la provincia de Córdoba: la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio Exterior, la Federación Comercial, la Unión Industrial y la Bolsa de Cereales, todas de la provincia mediterránea.
Y entre las entidades que sostienen el pedido aparece además el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, la entidad antisindical a la que la Justicia le denegó la personería jurídica.
