Incendios en Chubut: el fuego avanzó sobre la ruta 40
El incendio en Chubut no solo pone en jaque a comunidades enteras y a un ecosistema frágil, sino que también deja al descubierto la necesidad de políticas más robustas de prevención, monitoreo y sanción. Mientras el fuego continúa activo, la situación se consolida como una de las crisis ambientales más graves de la región en los últimos años.
El incendio forestal que afecta a la zona cordillerana de Chubut entró en una fase crítica tras avanzar sobre la Ruta Nacional 40 y obligar a un corte total entre Epuyén y El Hoyo. El descontrol de las llamas, impulsado por la sequía extrema y condiciones climáticas adversas, evidencia no solo la magnitud del desastre ambiental, sino también la vulnerabilidad de la región frente a eventos cada vez más frecuentes y destructivos.
El foco ígneo, iniciado el lunes en la zona de Puerto Patriada, ya arrasó con más de 3.500 hectáreas de bosque nativo y campos productivos. En las últimas horas, el fuego cruzó la traza de la Ruta 40, una vía estratégica para la conectividad de la Patagonia, lo que obligó a restringir completamente el tránsito y generó un impacto directo en la vida cotidiana y la actividad económica local.
Ante el riesgo de que las llamas alcancen áreas pobladas, el gobierno provincial dispuso evacuaciones preventivas en sectores cercanos a Epuyén. En total, unas 3.000 personas debieron abandonar sus hogares desde el inicio del incendio, una cifra que refleja la gravedad del escenario y la prioridad de resguardar vidas humanas por sobre cualquier otro objetivo. Así lo expresó el jefe de operaciones del SPLIF, Ariel Ruiz, al reconocer que, frente a incendios de esta magnitud, los recursos resultan insuficientes y las decisiones se concentran en minimizar daños humanos y materiales.
El operativo de combate al fuego moviliza a más de 300 brigadistas, bomberos y fuerzas de seguridad, con apoyo aéreo que incluye aviones hidrantes, helicópteros y la incorporación de un Boeing 737 FireLiner con capacidad para descargar 15.000 litros de agua. Sin embargo, la experiencia de los equipos en el terreno confirma que, en contextos de sequía prolongada, incluso los despliegues más amplios enfrentan límites operativos.
A la emergencia ambiental se suma un componente judicial y político: la Fiscalía confirmó que el incendio fue intencional, al detectar acelerantes en el foco inicial. Este dato reabre el debate sobre la prevención, el control territorial y las responsabilidades penales frente a incendios provocados. En ese marco, el gobernador Ignacio Torres, junto al ministro del Interior Diego Santilli, anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información que permita identificar a los responsables.
