Imputan a la ministra Pettovello por una millonaria transferencia para alimentos que nunca se concretó

El caso pone nuevamente en tela de juicio la capacidad de gestión del Gobierno en áreas críticas, en un momento en que el discurso de austeridad y eficiencia empieza a chocar con las necesidades más básicas de la población. La imputación a Pettovello no es solo un tema judicial: es también un reflejo de la tensión entre relato y realidad.

En medio de un contexto social crítico y con índices de pobreza y hambre en alza, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue imputada este viernes por el fiscal federal Franco Picardi por presuntas irregularidades en una millonaria transferencia destinada a la compra de alimentos.

La causa, que apunta a una supuesta malversación de fondos, abre un nuevo frente judicial para el Gobierno en uno de los ministerios más sensibles del gabinete.

La denuncia, presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero y radicada en el Juzgado Federal N.º 12 bajo la subrogancia del juez Ariel Lijo, sostiene que Pettovello firmó el pasado 8 de febrero una resolución que autorizaba la transferencia de 14 mil millones de pesos al programa de compras de alimentos en el marco de un acuerdo con Naciones Unidas. Sin embargo, según consta en la denuncia, esa compra no se habría concretado.

El destino de los fondos es, hasta el momento, incierto. La acusación señala que el dinero fue transferido al programa internacional para la adquisición de productos básicos –arroz, fideos y leche en polvo– pero que la operación no avanzó, a pesar de que el Estado ya habría desembolsado una comisión del 3% por la intermediación. A esto se suma la sospecha de que la licitación fue desestimada debido al volumen comprometido: un millón de unidades por producto.

Preguntas sin respuesta en un ministerio clave

Las imputaciones contra Pettovello son graves: malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionaria pública. Más allá de su desenlace judicial, el caso plantea un serio interrogante político: ¿cómo se explica que, en pleno contexto de emergencia alimentaria, una transferencia multimillonaria para asistir a los sectores más vulnerables no se haya traducido en alimentos distribuidos?

La ministra, figura clave en el esquema del presidente Javier Milei, concentra en su cartera no solo las áreas de desarrollo social, niñez y juventud, sino también salud, educación y trabajo. Su perfil técnico y bajo perfil político le habían valido, hasta ahora, el apoyo de Casa Rosada. Pero este episodio podría marcar un punto de inflexión.

El costo político del «descuido» administrativo

Más allá de lo que determine la justicia, el caso ya despierta fuertes críticas desde sectores opositores y organizaciones sociales, que reclaman falta de transparencia y lentitud en la ejecución de fondos críticos. La paradoja es que el dinero estaba disponible, pero los alimentos no llegaron. Y en un país con millones de personas bajo la línea de pobreza, ese vacío tiene consecuencias reales y urgentes.

Además, el uso de un organismo internacional como intermediario, sin licitación nacional clara, genera sospechas sobre los criterios adoptados para el manejo de fondos públicos. ¿Por qué pagar comisiones por una compra que el propio Estado podría haber gestionado directamente? ¿Qué controles se aplicaron sobre el destino de esos recursos?

Silencio oficial y ruido judicial

Hasta ahora, desde el Ministerio de Capital Humano no hubo una explicación oficial detallada sobre el episodio. El silencio llama la atención, en especial ante una causa que ya está formalmente impulsada por el fiscal y que involucra decisiones administrativas con consecuencias sociales inmediatas.