Impulsan acción judicial ante la Corte Suprema para frenar el impacto de la reforma sobre glaciares

Para los demandantes, el problema excede los incendios forestales y revela un deterioro más profundo de las políticas ambientales. Advierten que, sin cambios de fondo, la Patagonia enfrenta un escenario de creciente vulnerabilidad que pone en jaque tanto la biodiversidad como las reservas de agua dulce del país.

La Asociación Americana de Juristas junto al Foro Ecologista de Paraná presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina contra la reciente modificación de la Ley de Glaciares, al considerar que la reforma debilita los mecanismos de protección ambiental y expone a la Patagonia a riesgos crecientes.

Las organizaciones sostienen que el cambio normativo no solo resulta insuficiente frente al avance de la crisis climática, sino que además compromete la preservación de recursos estratégicos como el agua. En ese marco, reclamaron una intervención urgente del máximo tribunal para ordenar la implementación de un plan integral y coordinado de gestión del riesgo climático e incendios, ante lo que describen como una escalada de eventos cada vez más destructivos.

El planteo judicial se apoya en la idea de que el Estado está incumpliendo su obligación constitucional de resguardar el ambiente, en referencia al artículo 41 de la Carta Magna. Según los demandantes, la degradación de la criosfera —clave en la regulación hídrica y climática— impacta de manera directa en derechos fundamentales, lo que exige una respuesta institucional más robusta.

Uno de los ejes más novedosos de la presentación radica en el pedido de reconocimiento de los glaciares y del entorno periglacial como sujetos de derecho, una figura que apunta a otorgarles protección jurídica propia. Este enfoque busca desplazar la lógica tradicional, centrada en el daño consumado, hacia un esquema preventivo que garantice su preservación a largo plazo.

Asimismo, el amparo introduce el principio de equidad intergeneracional, al advertir que la falta de acción actual condiciona severamente el acceso a un ambiente sano para las futuras generaciones. En este sentido, los impulsores de la demanda cuestionan la falta de políticas eficaces y coordinadas frente a la emergencia ambiental que atraviesa el sur del país.

La acción también solicita que la Corte no solo intervenga, sino que mantenga un rol activo en el seguimiento del caso, con mecanismos de control periódicos sobre el cumplimiento de eventuales medidas. Detrás de este pedido subyace una crítica más amplia: la necesidad de que el Poder Judicial abandone una postura reactiva y asuma un rol estructural frente a la crisis ecológica.