Histórico: Colombia aprueba ley que prohíbe el matrimonio infantil y uniones forzadas
El Senado de la República sancionó el proyecto presentado por las representantes Alexandra Vásquez y Jennifer Pedraza, poniendo fin a un debate que se inició en 2007.
Tras una intensa campaña política y social, y después de ocho intentos legislativos fallidos, Colombia ha dado un paso decisivo hacia la protección de los derechos de los menores al aprobar este jueves una ley que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas.
La representante Vásquez expresó su júbilo en la red social X: «¡Histórico! El Congreso de la República elimina el matrimonio infantil en Colombia: la plenaria del Senado dijo sí al último debate de nuestro proyecto de Ley. Le cumplimos a las niñas, niños y adolescentes. Después de 8 intentos fallidos, no puedo estar más feliz el día de hoy. Gracias a todos y todas los que hicieron parte de esta iniciativa. Ahora esperamos la sanción del presidente Gustavo Petro para que sea una realidad».
Uno de los puntos más controversiales durante el debate fue el artículo 15, que establece estrategias de prevención en el ámbito educativo. Desde sectores más conservadores del Senado, se hizo un llamado a evitar la inclusión de temas como el aborto, que fue despenalizado en 2022 hasta las 24 semanas de gestación, y a centrar la discusión en un enfoque binario de género, como lo propuso la senadora liberal Karina Espinosa.
Sin embargo, estas críticas fueron rechazadas. También se desestimó la propuesta de la senadora Aida Quilcué, quien abogó por una consulta con las comunidades indígenas para proteger sus costumbres y tradiciones en relación con el nuevo marco legal.
Hasta ahora, Colombia permitía el matrimonio infantil desde los 14 años con el consentimiento de los padres. Con esta nueva legislación, no solo se prohíbe el matrimonio infantil, sino que también se establecen directrices sobre cómo se disolverán los vínculos ya existentes, cómo abordar la cuestión en comunidades rurales e indígenas, y el papel que desempeñarán el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Salud y Protección Social.
La iniciativa representa un avance significativo en la lucha por los derechos de los niños y niñas en Colombia, así como un compromiso formal del Estado para combatir prácticas que han sido ampliamente críticas en el ámbito nacional e internacional. La sociedad civil espera con esperanza la sanción final del presidente Gustavo Petro para que esta ley sea realidad y comience a tener un impacto positivo en la vida de miles de menores en el país.
