30 de julio de 2026

Hay plata: el ministerio de Economía gastó $15 millones en cafeteras con un 90% de sobreprecio

En un contexto de crisis económica que llevó a recortes presupuestarios en diversas instituciones públicas, la reciente adquisición de seis máquinas expendedoras de café por parte del Instituto Nacional de Semillas (INASE), dependiente del Ministerio de Economía, ha suscitado un fuerte debate y dudas sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos.

El INASE, a través de la Licitación Pública N° 50-0004-LPU24, formalizó la compra de las máquinas expendedoras de café por un impresionante total de $15.480.000. Este monto se traduce en un costo unitario de $2.580.000 por cada máquina, un precio que supera en un 90% el costo promedio de mercado; el mismo modelo, disponible en plataformas de venta como Mercado Libre, tiene un valor aproximado de $1.326.900.

Esta disparidad ha llevado a cuestionar la idoneidad de la gestión cerca de los recursos públicos, cruciales en tiempos de austeridad.

En su defensa, el INASE argumentó que la inversión busca “proporcionar bebidas calientes al personal” con el objetivo de crear un ambiente laboral más agradable durante jornadas de trabajo y eventos específicos. En documentos de la entidad, también se menciona que este servicio pretende “cumplir con normas de protocolo y ceremonial” y “optimizar el tiempo laboral de los agentes”, evitando que deban salir de la oficina en busca de refrigerios.

La adjudicación de la compra fue otorgada a la empresa SALTSUR S.A., cuya oferta en el modelo Necta Koro espresso fue la única aceptada. Sin embargo, la controversia no se limita solo al elevado costo inicial. El contrato incluye una cláusula de ampliación que permite un desembolso adicional del 20%, lo que podría llevar el gasto total a más de $18 millones si se ejecuta esta extensión.

La decisión ha sido criticada por diversos analistas y ciudadanos, quienes consideran que en un escenario de restricciones económicas, la contratación de este tipo de servicios no es prioritaria. «Es alarmante que se destinen recursos a gastos de dudosa prioridad cuando existen necesidades urgentes en áreas críticas», afirmó un especialista en gestión pública, enfatizando la importancia de asegurar la transparencia en los procesos de adquisición.

Los funcionarios responsables de la aprobación, incluidos Leandro Gregorio, Diego Reinaldo Franz, Roxana Silberberg, Nair Alvarado, Wanda Ayelen Castagnaro y Joel Alexander Sardi, están en el centro del escrutinio, con Claudio Dunan, presidente del INASE, firmando la autorización final.

La controversia por esta compra no solo plantea interrogantes sobre la gestión eficiente de los recursos públicos, sino que también reaviva el debate sobre las prioridades del Estado en un momento donde la austeridad y la responsabilidad financiera son más necesarias que nunca. Los ciudadanos y especialistas esperan respuestas claras que mantengan la confianza pública en las instituciones gubernamentales.

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