Habló el funcionario libertario que sacó un crédito hipotecario en Banco Nación por casi 420 millones
El descargo de Massaccesi, lejos de cerrar la discusión, expone una tensión más amplia: la dificultad del oficialismo para sostener un discurso de igualdad de reglas mientras enfrenta cuestionamientos sobre el uso —aunque legal— de instrumentos estatales por parte de quienes ocupan posiciones de poder.
El exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, rompió el silencio tras su salida del cargo y defendió su accionar frente a las críticas por haber accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación por un monto cercano a los 420 millones de pesos.
En su descargo público, sostuvo que no incurrió en ninguna irregularidad y que cumplió con todos los requisitos legales exigidos.
La argumentación del exfuncionario se apoya en un punto central: la legalidad del procedimiento. Según explicó, el crédito fue gestionado de manera transparente, a través de los canales habituales, y en el marco de una línea impulsada por el propio Gobierno. Sin embargo, el eje del debate parece desplazarse de lo jurídico a lo ético, especialmente considerando su rol dentro del Estado al momento de solicitar el beneficio.
Massaccesi planteó que los funcionarios públicos no deberían estar excluidos de herramientas disponibles para cualquier ciudadano. No obstante, este razonamiento omite una dimensión clave: la asimetría estructural en el acceso al crédito en Argentina. En un contexto donde amplios sectores enfrentan restricciones severas para financiar vivienda, la participación de funcionarios en estas líneas reabre cuestionamientos sobre equidad y prioridades en la asignación de recursos.
El caso, además, no es aislado. La difusión de datos provenientes del Banco Central de la República Argentina reveló que otros funcionarios del oficialismo y legisladores también accedieron a créditos hipotecarios de magnitud. Entre ellos figuran Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y Federico Furiase, entre otros, con montos que alcanzan los topes de las líneas disponibles.
Aunque desde el Banco Nación se aseguró que no hubo trato diferencial y que se aplicaron criterios estándar de evaluación crediticia, la controversia persiste. La cuestión de fondo no radica únicamente en si hubo privilegios formales, sino en cómo se perciben estas decisiones en términos de legitimidad política y justicia distributiva.
La reacción política no tardó en llegar. Sectores de la oposición impulsaron pedidos de investigación para determinar si existieron conflictos de interés o fallas en los mecanismos de control, incluyendo el rol de la Sindicatura General de la Nación.
