Guillermo Francos intentó despegarse del tuitero preferido de Milei

La rápida y categórica condena del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, si bien esperable, pone de relieve una tensión subyacente: la de un gobierno que busca gestionar la narrativa pública mientras sus «brazos armados» digitales operan sin control, e incluso se jactan de ello.

El reciente ataque del tuitero conocido como «El Gordo Dan» contra el senador Luis Juez y, en particular, contra su hija con parálisis cerebral, ha desatado un terremueblo político que va más allá de un simple mensaje en redes sociales.

La reacción de Francos fue inmediata y contundente. En una entrevista en un medio de alcance nacional, repudió las palabras de Daniel Parisini, calificándolas de «fuera de lugar, repudiables, groseras» y asegurando que el tuitero «no tiene nada que ver con el Gobierno». Esta desvinculación, sin embargo, no es tan sencilla. La cercanía del «Gordo Dan» con figuras clave del oficialismo, como el asesor Santiago Caputo, es un hecho conocido en el ecosistema digital y político. Además, reportes periodísticos recuerdan que el propio Francos llegó a mencionar la posibilidad de que Parisini fuera candidato legislativo del oficialismo, lo que complica la estrategia de distanciamiento.

El dilema de la militancia digital

El caso de «El Gordo Dan» expone el dilema de la militancia digital para cualquier gobierno. Si bien los «influencers» y «trols» pueden ser herramientas efectivas para la difusión de mensajes, también son activos de alto riesgo.

Su falta de control, sus ataques que cruzan las «líneas rojas» de lo aceptable y su inherente volatilidad pueden generar crisis de imagen y obligar a los funcionarios a salir a apagar incendios mediáticos. La situación con Luis Juez es un claro ejemplo de cómo una supuesta «defensa» del proyecto gubernamental puede transformarse en un problema mayor, obligando a los voceros del gobierno a desmentir, condenar y, en el fondo, gestionar el caos que ellos mismos han, al menos en parte, fomentado.

Consecuencias a la vista

Más allá del repudio, queda por ver qué medidas se tomarán. La simple condena verbal de Francos, sin un claro deslinde de funciones o consecuencias reales para el «influencer», puede ser vista como una jugada de contención de daños a corto plazo.

Sin embargo, no aborda el problema de fondo: la impunidad con la que operan estos actores digitales y el daño que pueden causar a la imagen y a la estabilidad del propio gobierno.

El incidente con Juez, en el que se instrumentaliza la situación de una persona con discapacidad, demuestra que la falta de un control interno o de una estrategia de comunicación clara puede llevar a una pérdida de credibilidad y a la erosión de los límites éticos en el debate público.