Grave señal internacional: denuncian violación sistemática de derechos laborales en Argentina bajo el gobierno de Milei
Argentina fue incluida por una entidad internacional en el grupo de países que registran “violaciones sistemáticas” de los derechos de los trabajadores. Así lo determinó el Índice Global de Derechos 2025 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), un informe que agrava la imagen del país en materia laboral y advierte sobre un proceso regresivo de dimensión histórica.
La calificación refleja un deterioro acelerado desde la asunción de Javier Milei, cuya política de desregulación, reformas inconsultas y restricciones a la protesta fue denunciada formalmente por la delegación sindical argentina ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La CSI, que representa a más de 191 millones de trabajadores en 169 países, ubicó a Argentina en la categoría 4 de su escala, correspondiente a naciones que atraviesan una violación sistemática de derechos laborales, solo un escalón por encima de los casos más extremos donde directamente “no hay garantías” de derechos.
La entidad fundamenta su decisión en medidas concretas impulsadas por el Ejecutivo, como el protocolo “anti-piquetes”, los intentos por eliminar fueros gremiales, la extensión del período de prueba, el desmantelamiento del régimen de indemnizaciones y la reforma laboral sin diálogo tripartito.
Los datos surgen en un contexto en el que las tres principales centrales sindicales argentinas (CGT, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores) ampliaron la denuncia contra el Gobierno argentino ante la OIT, solicitando la intervención urgente del Comité de Libertad Sindical.
Los sindicatos apuntan a la violación de los Convenios 87 y 98 de la OIT, que garantizan la libertad sindical y la negociación colectiva. El documento fue presentado en Ginebra el pasado 29 de mayo como continuación del caso 3452, iniciado en enero de 2024.
Ofensiva contra el marco laboral argentino
El informe internacional subraya que el presidente Milei ha impulsado desde diciembre de 2023 una ofensiva contra el marco laboral argentino, mediante un paquete de más de 360 reformas legales orientadas a la desregulación del mercado de trabajo, el debilitamiento sindical y la privatización del aparato estatal.
Entre las medidas más criticadas figuran la Ley Ómnibus, que otorga facultades legislativas al Ejecutivo durante un año, y la supresión de sanciones para empleadores que no registren a sus trabajadores.
El retroceso no es solo argentino. La CSI alertó sobre un deterioro global de las condiciones laborales, especialmente en América y Europa, regiones que obtuvieron las peores calificaciones desde que se inició este índice hace una década. Sin embargo, Argentina destaca como uno de los casos más preocupantes en el continente, junto a Costa Rica y Panamá.
La precarización, la desprotección y la criminalización de la protesta se combinan con una fuerte caída del salario real
La gravedad del diagnóstico internacional no debería subestimarse: implica no solo una pérdida de prestigio en el plano global, sino también la construcción de un escenario interno cada vez más hostil para los trabajadores, donde la precarización, la desprotección y la criminalización de la protesta se combinan con una fuerte caída del salario real y la falta de canales institucionales de diálogo.
En este contexto, la Argentina no solo enfrenta un conflicto social en expansión, sino también el riesgo de ser percibida en los organismos multilaterales como un país que retrocede en materia de derechos humanos fundamentales, lo que podría tener consecuencias en su relación con instituciones como la OIT, la ONU y diversos bloques económicos.
Mientras el Gobierno insiste en su retórica “anti-casta”, la comunidad internacional observa con creciente preocupación la fragilidad del sistema de garantías laborales en el país. La pregunta que queda en el aire es hasta dónde se está dispuesto a avanzar en nombre del “ajuste”, y a qué costo democrático y social.
