Córdoba: cierre de fábrica de rebozados deja a familias en la calle sin indemnización

En un nuevo episodio de precarización laboral que golpea a la industria alimentaria argentina, la fábrica de rebozados «Una Mila», ubicada en Colonia Tirolesa, a 33 kilómetros de la ciudad de Córdoba, cerró sus puertas sin previo aviso, despidió a la totalidad de sus trabajadores y no abonó las indemnizaciones correspondientes. La decisión fue ejecutada de manera sorpresiva, sin diálogo previo y mediante una notificación formal a través de un escribano.

El impacto social es profundo: doce familias se quedaron sin ingresos de un día para otro, en un contexto económico ya difícil para los sectores asalariados.

El hecho generó una manifestación en la puerta de la planta, impulsada por los trabajadores y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), desde donde denunciaron la situación como “un abuso” y “un atropello”.

Según explicó Carlos Ferreyra, dirigente de STIA, la empresa ya venía mostrando signos de incumplimiento, pero en ningún momento comunicó un estado de crisis o insolvencia. “En otro momento se buscaba consensuar con los sindicatos. Hoy, directamente se toma la resolución de despedir sin más”, afirmó. A esto se suma la gravedad de que los empleadores admitieron ante el Ministerio de Trabajo que no cuentan con los fondos para pagar las indemnizaciones.

El episodio muestra una preocupante normalización del atropello a los derechos laborales, donde la informalidad y la falta de garantías se vuelven moneda corriente. No hay causa justificada para los despidos, no hubo notificación previa ni ningún intento de diálogo con los trabajadores, lo que evidencia no solo la fragilidad de las fuentes laborales sino también la debilidad de los marcos de control estatal en estos conflictos.

Un síntoma de una crisis mayor

Aunque se trata de una planta pequeña, el cierre de “Una Mila” expone un fenómeno más amplio: el desamparo estructural de los trabajadores frente a prácticas empresariales cada vez más agresivas, en un clima de creciente flexibilización laboral promovido por el contexto político nacional.

Este caso también revela el vaciamiento progresivo de herramientas institucionales como la negociación colectiva o la conciliación obligatoria, que han sido reemplazadas por decisiones unilaterales de las patronales. En palabras de Ferreyra: “Es un abuso más de los que se vienen cometiendo en este país. Los derechos de los trabajadores son cada vez más avasallados”.

Medidas de fuerza y reclamo de justicia

Los trabajadores continúan movilizados frente a la planta, exigiendo respuestas, no solo por las indemnizaciones impagas, sino también por el respeto a la dignidad laboral. El gremio planteó la necesidad urgente de reabrir canales de diálogo con los dueños de la firma y alertó sobre la posibilidad de profundizar las protestas si no hay avances.

El caso de Una Mila es más que un conflicto local: es una advertencia sobre las consecuencias de una economía desregulada en la que las reglas laborales pueden ser ignoradas sin consecuencias inmediatas. En un país donde el empleo formal es cada vez más escaso, proteger los derechos básicos de quienes aún conservan un trabajo debe ser una prioridad de toda la sociedad.

La situación en Córdoba es, lamentablemente, un espejo de muchas otras que se replican en silencio en distintas regiones del país. Pero el silencio de las víctimas no puede traducirse en impunidad para quienes vulneran la ley.