Glaciares en retroceso: el gobierno de Milei avanza sobre la protección ambiental y el futuro del agua

La reforma no solo modifica una ley: redefine el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental. Y en ese nuevo balance, los glaciares —reservas estratégicas de agua en un contexto de crisis climática— quedan en el centro de una discusión que recién empieza.

En una votación cargada de tensión política y consecuencias ambientales de largo alcance, el Congreso aprobó en la madrugada del jueves la reforma de la Ley de Glaciares. Con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones en Diputados, el oficialismo logró convertir en ley una modificación que ya contaba con aval del Senado y que ahora espera la promulgación del Poder Ejecutivo.

El cambio no es menor. La norma vigente desde 2010 establecía una protección amplia sobre glaciares y ambientes periglaciares, bajo un criterio preventivo y uniforme a nivel nacional. La nueva redacción, en cambio, introduce un giro conceptual: restringe la tutela estricta únicamente a aquellas zonas que demuestren una “función hídrica comprobada o relevante”.

Este punto, aparentemente técnico, redefine el mapa de protección ambiental. En la práctica, áreas que antes estaban resguardadas de forma general podrían quedar expuestas a actividades productivas —incluidas las extractivas— si no logran acreditar ese valor hídrico específico. La lógica preventiva cede terreno frente a un enfoque condicional y revisable.

Desde el oficialismo, la reforma se presenta como una actualización necesaria para “ordenar” la normativa y fortalecer el federalismo ambiental, otorgando mayor protagonismo a las provincias en la toma de decisiones. Sin embargo, esa descentralización es precisamente uno de los focos de crítica.

Especialistas en temas ambientales advierten que el nuevo esquema fragmenta los criterios de protección y debilita el principio precautorio, una de las bases del derecho ambiental moderno. La transferencia de poder a las provincias implica que cada jurisdicción podrá definir qué áreas proteger y bajo qué parámetros, lo que podría derivar en estándares desiguales y decisiones sujetas a presiones económicas locales.

Otro punto sensible es el desplazamiento del rol del IANIGLA, que pierde su función técnica central y queda relegado a tareas registrales, sin incidencia decisiva en la evaluación de los territorios. Así, el control científico nacional cede espacio frente a evaluaciones provinciales caso por caso.

El sistema de prohibiciones también cambia de raíz: se abandona el esquema de restricciones generales para pasar a evaluaciones de impacto ambiental individualizadas. Aunque todas las actividades deberán someterse a estudios previos, la última palabra quedará en manos de autoridades locales.