¿Fuerzas Armadas y una «red de Inteligencia», encargados del control ideológico en el país?

En un contexto de creciente tensión política y social, el gobierno de Javier Milei comenzó a posicionar al Ejército Argentino y a sus ramas de inteligencia como piezas clave en su estrategia de seguridad. Según fuentes cercanas a la Casa Rosada, las tropas recibieron tres aumentos en sus haberes, lo que ha suscitado inquietudes sobre la verdadera intención detrás de estas decisiones.

Con el pretexto de una supuesta “conmoción interior”, el gobierno busca ampliar el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), aunque esta iniciativa fue rechazada por el Senado. A pesar de la falta de elementos que justifiquen una emergencia nacional, salvo en el caso del narcotráfico en Rosario, la administración Milei parece dispuesta a aumentar la presencia militar en los rincones más remotos del país.

Una de las propuestas más controvertidas proviene de Patricia Bullrich, quien busca blindar al presidente mediante un refuerzo de las fuerzas militares y policiales, además de potenciar los servicios secretos.

Fuentes consultadas revelaron que se estarían reclutando operativos de inteligencia, conocidos como «topos», en todo el país. «El objetivo es que el gobierno de Milei tenga una red de inteligencia similar a la de Nicolás Maduro en Venezuela», advirtieron, enfatizando la preocupación por un posible deslizamiento hacia un modelo autoritario.

El control de la información y el monitoreo de la opinión pública parecen ser prioridades para el gobierno. “Las provincias ya cuentan con sus propias redes de inteligencia, que no se utilizan para combatir el crimen organizado, sino para conocer lo que se opina y se publica en las redes sociales”, afirmó una fuente.

En medio de este panorama, Luis Petri impulsando modificaciones al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 727/2006, que delimita las atribuciones de las Fuerzas Armadas, tradicionalmente enfocadas en la defensa nacional.

La reconfiguración del DNU podría permitir a las fuerzas militares intervenir en asuntos de seguridad interior, un cambio que podría facilitar el control sobre partidos políticos y opositores bajo la figura de «conmoción interna».

El clima de malestar se vio agudizado por la reciente designación del comisario general Adían Salcedo como miembro del Ministerio de Seguridad de la Nación, habría sido nombrado por la ministra Bullrich.

Salcedo fue jefe de la Fuerza Provincial Antinarcótico (FPA) de la provincia de Córdoba, conocido por haber denunciado a varios policías por asociación ilícita en su anterior cargo, ha generado malestar en el entorno de Bullrich, quien ve en esta decisión una amenaza a su liderazgo.

Fuentes de la cartera de Seguridad no descartan, seguir sumando a jefes de las policías provinciales como miembros del Ministerio que comanda la ministra Bullrich, para esta especie de «Red de Inteligencia Interna» que operaría en un futuro cercano, en todo el territorio nacional.