Fracasó reunión en el consejo del salario: gremios rechazan aumento de $4.000
La reunión, retomada tras seis meses de parálisis, culminó con la expectativa gremial pulverizada por una oferta empresarial considerada «insultante» y «provocadora»: un incremento de apenas $4.000 , elevando el SMVM de $322.000 a $326.000, con una proyección a $349.000 recién en abril de 2026.
El nuevo fracaso del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) exponen la profunda devaluación no solo del poder adquisitivo de los trabajadores, sino también del propio mecanismo de negociación tripartita .
Este planteo empresarial, en un contexto donde las centrales sindicales (CGT, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma) exigían valores entre $512.000 y $736.000 para cubrir mínimamente la Canasta Básica, desnudó la desconexión del sector patronal con la realidad social y la pérdida crítica del salario real . El valor actual del SMVM ya se encuentra muy por debajo de la mitad de la canasta básica, consolidando su rol no como un «mínimo vital», sino como un ingreso de extrema subsistencia.
La crítica central recae ahora sobre el rol del Ejecutivo. Ante la falta de acuerdo, el Gobierno anunció que volverá a laudar por decreto . La expectativa generalizada es que la decisión se alinea con la magra propuesta empresarial, tal como ha ocurrido en convocatorias recientes. De confirmarse este rumbo, el Gobierno se erigirá como ejecutor de facto de la política de ajuste salarial , desactivando en la práctica el espíritu de la ley que concibe al Consejo como un espacio de consenso.
El laudo gubernamental inminente, si se consolida en torno al 1% de incremento (los $4.000), será visto por los sindicatos como un golpe directo a la negociación colectiva y una consolidación de la caída real del ingreso. Las centrales sindicales ya evalúan «medidas de presión», anticipando que la imposición de un esquema salarial tan bajo profundizará el conflicto social y la necesidad de una respuesta sindical unificada.
En definitiva, el Consejo del Salario, concebido como una herramienta de paz social y distribución, ha quedado reducido a una simulación burocrática cuyo único resultado previsible es la imposición de un salario de pobreza.
