For Sale: las represas hidroeléctricas del Comahue se venden por u$s500 millones
A través del Decreto 590/2025, el Ejecutivo habilitó la venta de los complejos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, en una operación que, según el ministro de Economía, Luis Caputo, busca inyectar 500 millones de dólares a las arcas del Estado. Sin embargo, más allá de la cifra, esta decisión plantea serias interrogantes sobre el futuro de la soberanía energética del país.
En un movimiento que consolida la agenda de privatizaciones del gobierno de Javier Milei, se ha anunciado la venta de cuatro de las represas hidroeléctricas más importantes de Argentina, ubicadas en el corazón del Comahue.
La medida, que llega tras el vencimiento de las concesiones a mediados de 2023, no es un simple reacomodo administrativo. Es una transferencia de activos estratégicos desde la órbita de Enarsa (Energía Argentina S.A.) a la Secretaría de Energía, para luego ser subastados en un «concurso público nacional e internacional, sin base, competitivo y expeditivo».
La elección de un proceso «sin base» es un punto crítico, ya que podría abrir la puerta a la venta de infraestructuras esenciales a precios por debajo de su valor real de mercado.
El gobierno ha logrado el respaldo de las provincias de Neuquén y Río Negro, que históricamente han reclamado una mayor participación en la administración y beneficios de los recursos hídricos. Los gobernadores locales han celebrado el acuerdo como un triunfo, enfatizando que «el agua es propiedad de los rionegrinos y neuquinos».
Este consenso provincial podría ser la clave para sortear las resistencias que, de otra forma, generarían la venta de estos activos. No obstante, la pregunta que queda en el aire es si este acuerdo es suficiente para compensar la pérdida de control del Estado nacional sobre una fuente de energía que representa el 10% de la generación eléctrica del país.
Mientras las empresas concesionarias actuales (como AES Argentina y Central Puerto) seguirán operando temporalmente hasta que se concrete la licitación, el proceso de privatización se acelera.
La justificación de recaudar fondos para el déficit fiscal parece ser la principal motivación del gobierno, pero la decisión de desprenderse de activos tan vitales como las represas hidroeléctricas genera un debate fundamental: ¿es esta una estrategia de saneamiento económico a largo plazo, o es una medida desesperada que hipoteca el futuro energético de la Nación?
La venta de las represas del Comahue no es solo un negocio; es un giro de 180 grados en la política energética que, a largo plazo, podría tener consecuencias profundas para la seguridad y la autonomía del país.
