Flexibilización de la importación de alimentos, una medida que amenaza a la industria nacional
La medida representa una desregulación que prioriza el acceso individual en detrimento del interés colectivo. Si bien puede beneficiar a personas con necesidades médicas específicas o a quienes buscan productos que no se consiguen localmente, el costo estructural para el entramado productivo nacional puede ser alto. En lugar de construir una política de equilibrio entre importación y protección industrial, el Gobierno opta por liberar sin red, delegando en el mercado —y en última instancia en los consumidores— una responsabilidad que debería seguir siendo del Estado.
La reciente decisión del Gobierno de flexibilizar la importación de alimentos a través del régimen courier —sin intervención de la ANMAT en trámites específicos— marca un nuevo capítulo en la política de desregulación impulsada por la administración de Javier Milei. Sin embargo, más allá del discurso oficial centrado en la simplificación burocrática y la «libertad del usuario», la medida abre un fuerte interrogante sobre sus consecuencias para la producción nacional y la sustentabilidad de las economías locales.
Bajo la Disposición 3280/2025, se habilita a particulares a importar alimentos desde el exterior para uso personal, donaciones o con fines médicos, eliminando la obligatoriedad de tramitar autorizaciones ante la ANMAT. Aunque el Gobierno presenta esto como un avance hacia un Estado más eficiente y menos intervencionista, esta apertura sin filtros suficientes podría derivar en un daño estructural a la industria alimentaria nacional, que hoy debe cumplir con exigencias sanitarias, tributarias y regulatorias más estrictas que las que tendrán estos productos importados.
La competencia desigual que se genera entre alimentos producidos en el país y productos extranjeros que ingresan sin mayores controles ni costos asociados a la fiscalización local puede provocar un efecto doble: el desincentivo a la producción local y una presión a la baja sobre los precios internos, que muchas pymes no estarán en condiciones de soportar. Las consecuencias podrían ser cierre de empresas, pérdida de empleo y concentración del mercado en pocas manos, en beneficio de grandes importadores.
En este sentido, la medida también parece contradecir la idea de “defender la producción nacional”, tan repetida en otros ámbitos del discurso oficial. Al abrir el mercado sin una estrategia de protección o compensación para los productores argentinos, el Estado renuncia a su rol de árbitro entre el interés individual del consumidor y la necesidad de sostener el tejido productivo del país.
Otro aspecto preocupante es la falta de control sanitario previo. Aunque la normativa establece que los alimentos importados deben cumplir con el Código Alimentario Argentino, al eliminar la intervención previa de la ANMAT en productos de uso personal o compasivo, se abre la posibilidad de que ingresen alimentos que no han sido testeados adecuadamente o que provengan de países con normativas menos exigentes. Esto no sólo pone en riesgo la salud de los consumidores, sino que genera un nuevo incentivo para el comercio informal o el uso de canales paralelos.
Además, el hecho de que la normativa impida la comercialización de estos productos no garantiza que no terminen siendo revendidos de forma irregular. La capacidad del Estado para fiscalizar estos usos es limitada, y en un contexto de creciente informalidad, el riesgo de que esta flexibilización derive en una suerte de «mercado gris» de alimentos importados es real.
