Fentanilo de la muerte: el juez Kreplak acusó a Milei de interferir y exige respeto a la investigación
La investigación por las muertes vinculadas a un lote contaminado de fentanilo derivó en un fuerte cruce entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, a cargo de la causa que investiga al menos 96 decesos, reclamó públicamente al presidente Javier Milei que se abstenga de interferir en el proceso judicial, luego de que el mandatario lo señalara durante un acto político y el Gobierno exigiera, a través de redes sociales, la detención de Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio HLB Pharma.
En declaraciones a C5N, Kreplak recordó al jefe de Estado su “obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso” y advirtió que el expediente ya atravesó “suficientes omisiones y dificultades” como para que ahora se intente “politizar un trabajo judicial bien hecho”. El magistrado reclamó “respeto por las víctimas y las instituciones”, en alusión al clima de confrontación que rodea el caso.
Milei, durante un acto en el club Atenas de La Plata, vinculó al juez con la política bonaerense por ser hermano de Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia y funcionario del gobierno de Axel Kicillof. “¿Les parece casualidad que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de Kicillof?”, planteó el presidente, sugiriendo un conflicto de intereses.
La tensión escaló cuando la cuenta oficial de la Vocería Presidencial en la red social X publicó un mensaje en el que calificó a García Furfaro como “el señor del fentanilo” y sostuvo que “debe ir preso”. El texto lo describió como un “empresario corrupto” con vínculos con Lázaro Báez y un pasado delictivo, que habría pasado “de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario” gracias a sus conexiones políticas.
El Gobierno advirtió que, si el juez no ordena la detención de Furfaro en los próximos días, procederá a recusarlo, presumiendo un conflicto de intereses por su parentesco con el ministro provincial.
El episodio abre un nuevo capítulo en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, donde la investigación penal por el fentanilo se mezcla con acusaciones cruzadas y un escenario de alta tensión política, en el que las muertes y las responsabilidades judiciales corren el riesgo de quedar atrapadas en la disputa institucional.
