Fallo de la Corte Suprema: un nuevo capítulo de judicialización política que erosiona la democracia
La Corte Suprema de Justicia se encuentra en el centro de una creciente polémica tras los múltiples pronunciamientos de partidos políticos y organizaciones sociales contra lo que consideran un intento abierto de proscribir políticamente a Cristina Fernández de Kirchner, a través de la ratificación de su condena en la causa Vialidad.
A pesar de la diversidad ideológica de quienes alzaron la voz, el mensaje fue unánime: el Poder Judicial está cruzando una línea peligrosa, con consecuencias graves para la salud democrática del país.
El Frente Amplio por la Democracia, conducido por Ricardo Alfonsín, advirtió que de confirmarse la sentencia, se estaría frente a un hecho de “proscripción electoral” y no simplemente ante una decisión jurídica. Señalaron, además, que la Corte habría actuado con una “celeridad inusual” utilizando el artículo 280 para desechar el recurso de queja sin revisión sustancial del caso, lo que refuerza la percepción de parcialidad.
“Se ha vulnerado el principio básico de imparcialidad judicial. Esta decisión impacta directamente en la legitimidad de las instituciones democráticas y republicanas”, denunció Alfonsín.
Más allá del peronismo, sectores de la izquierda, del progresismo e incluso del radicalismo coinciden en que esta condena no puede leerse al margen del clima electoral ni del peso simbólico de la figura de Cristina Kirchner, quien recientemente expresó su voluntad de competir en la provincia de Buenos Aires. Lo que debería ser resuelto por la ciudadanía en las urnas, está siendo condicionado —una vez más— por decisiones judiciales de discutible transparencia.
Silvia Saravia (Libres del Sur), Carlos Heller (Frente Solidario) y Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) señalaron que se trata de una ofensiva motivada por una necesidad de disciplinamiento político, que intenta desarticular liderazgos capaces de estructurar alternativas de poder frente al modelo económico actual. En palabras de Giordano: “Nos oponemos a cualquier intento de censura política vía judicial, venga de donde venga y afecte a quien afecte”.
En el mismo tono, Daniel Menéndez de Barrios de Pie apuntó contra el uso del lawfare, alertando que la Corte “está poniendo en peligro a la democracia” al utilizar el aparato judicial para desactivar candidaturas incómodas. Manuela Castañeira (Nuevo MAS), incluso desde su habitual rol de oposición al kirchnerismo, defendió el derecho de la ex presidenta a participar electoralmente: “Es el pueblo quien debe decidir si merece o no un cargo, no un tribunal con antecedentes cuestionables”.
La Corte Suprema, lejos de aparecer como una institución imparcial y garante del Estado de derecho, se muestra cada vez más como un actor político cuya influencia se extiende sobre el juego democrático. El uso del artículo 280 sin explicación ni debate previo confirma un mecanismo que favorece la opacidad por encima de la legalidad. Esta situación, sumada al clima de desinformación mediática y filtraciones, vuelve inestable el terreno institucional y siembra desconfianza en el sistema judicial.
El caso Vialidad ya no puede analizarse como un expediente más. Es hoy una batalla simbólica en la lucha por el sentido de la democracia en Argentina.
El temor expresado por múltiples sectores es que el país esté entrando en una etapa donde los procesos judiciales se convierten en herramientas de veto político, distorsionando el equilibrio republicano.
La democracia se resiente cuando se judicializan las diferencias políticas y se criminaliza la representación popular. Y cuando eso ocurre, el riesgo no solo es la proscripción de una dirigente, sino la degradación misma del contrato democrático.
