Exigen la renuncia de Lugones por 157 muertes evitables: la crisis sanitaria que el Gobierno no asume
El gremio exige su renuncia inmediata y la creación de una comisión investigadora en el Congreso para esclarecer dos tragedias que, más que accidentes, exponen fallas estructurales y decisiones políticas cuestionables: la crisis del fentanilo contaminado, con 97 víctimas, y las demoras en la entrega de medicamentos oncológicos, que provocaron al menos 60 fallecimientos.
La Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) lanzó un duro pronunciamiento contra el ministro de Salud, Mario Lugones, a quien responsabiliza por 157 muertes que, aseguran, podrían haberse evitado.
La primera tragedia —calificada por especialistas como “la más grave relacionada con medicamentos en la historia argentina”— dejó un tendal de víctimas y un Estado en silencio. A pesar de la magnitud del escándalo, Lugones no se pronunció públicamente. En cambio, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, eligió centrar la culpa en la ANMAT, a la que tildó de “kirchnerista”, y llegó a proponer su disolución, una medida que expertos consideran un tiro en el corazón de la fiscalización sanitaria. Mientras tanto, un empresario con antecedentes penales y denuncias por incumplir normas de bioseguridad aparece vinculado al caso, que acumula 24 imputaciones pero ninguna detención.
La segunda crisis —menos ruidosa mediáticamente, pero igual de letal— tiene como epicentro la falta de provisión de medicamentos oncológicos de alto costo. Según Fesprosa, más de 60 personas murieron por retrasos en la entrega a cargo de la Dirección de Ayudas Especiales (DADSE), disuelta el 31 de diciembre pasado. La desaparición de este organismo dejó a pacientes vulnerables en una carrera desigual contra el tiempo y la burocracia.
Las críticas hacia Lugones y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también apuntan a recortes de personal en hospitales nacionales como el Posadas, Sommer y Bonaparte, así como al impacto negativo de estas políticas en el hospital pediátrico Garrahan. Para Fesprosa, la combinación de desidia política, improvisación y recortes presupuestarios compone un escenario en el que las muertes no son accidentes, sino el resultado previsible de una gestión que relegó la salud pública a un plano secundario.
En el Congreso, un pedido de informes fue aprobado, pero para los impulsores de la denuncia no alcanza: reclaman una comisión especial con amplias facultades para investigar las responsabilidades políticas y penales de Lugones, su antecesor Mario Russo y Pettovello.
La cifra de 157 muertes no solo es un dato frío: es un recordatorio de que la negligencia estatal también mata, y que la falta de respuestas oficiales alimenta una sensación creciente de impunidad.
