Estafa $LIBRA: piden indagatoria de Milei y solicitan detener a dos operadores cripto

El caso $LIBRA, el polémico token cripto promocionado desde las más altas esferas del poder político argentino, escaló a niveles inesperados: la Justicia recibió un pedido formal para que el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, sean citados a declarar como imputados en una causa por presunta estafa, mientras se exige la detención inmediata de los empresarios Mauricio Novelli y Hayden Davis, acusados de ser los operadores directos de la maniobra financiera.

La solicitud, presentada por el abogado Gregorio Dalbón ante la jueza María Servini, sostiene que todos los involucrados —incluido el jefe de Estado— habrían cumplido “roles funcionales indispensables” en una operación que, según se denuncia, consistió en inflar artificialmente el precio del token $LIBRA con respaldo político explícito, para inducir al público a invertir bajo una falsa sensación de legitimidad institucional.

El núcleo de la acusación es grave y, de comprobarse, tendría un impacto político de proporciones: según el escrito, Javier Milei habría utilizado su cuenta oficial en la red X (ex Twitter) para promocionar el token, Karina Milei habría ofrecido respaldo político e institucional, Novelli se habría encargado de la estrategia de marketing y captación de fondos, y Davis habría diseñado la arquitectura técnica del proyecto, además de canalizar millones de dólares obtenidos de inversores.

La publicación del presidente en redes sociales provocó un pico abrupto en la cotización del token —de menos de 0,50 a casi 5 dólares— lo que desencadenó una ola de compras por parte de pequeños inversores, que confiaron en la “palabra presidencial”. Poco después, el precio se desplomó, generando millonarias pérdidas a quienes ingresaron tarde al esquema. Para Dalbón, esto configura una “maniobra de estafa de altísima sofisticación” con “consecuencias patrimoniales y políticas de enorme gravedad”.

Uno de los elementos más comprometedores de la denuncia es el rastreo de transferencias millonarias realizadas por Hayden Davis, cofundador de Kelsier Ventures. Según una investigación técnica liderada por el ingeniero Fernando Molina, Davis transfirió más de 500.000 dólares el 30 de enero, dos semanas antes de la publicación presidencial, utilizando la plataforma Bitget como intermediaria. Esa operación se suma a otras detectadas a través de su wallet personal, identificada luego de que Davis admitiera haber devuelto 5 millones de dólares a David Portnoy, uno de los inversores perjudicados.

La solicitud de detención de Davis y Novelli se basa en el riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación, pero lo más explosivo es el intento de llevar a indagatoria al propio presidente en ejercicio, una figura con fueros constitucionales y amparos legales que complican su judicialización mientras esté en funciones. Aun así, el gesto marca un hito en la escalada judicial que rodea al caso y deja expuesto un entramado que combina tecnología financiera, acceso privilegiado al poder y presunto aprovechamiento de la investidura presidencial para beneficio privado.

Mientras tanto, el Gobierno no ha emitido respuesta oficial sobre el avance de la causa. El silencio comienza a ser ensordecedor, especialmente cuando crecen las voces que exigen explicaciones sobre el rol del Estado en el impulso de iniciativas privadas sin regulación, en un país con altísima vulnerabilidad financiera y millones de ciudadanos que buscan desesperadamente alternativas de inversión o resguardo.

El caso $LIBRA es más que un escándalo financiero: es un punto de inflexión que podría erosionar la ya debilitada credibilidad institucional, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser pilares fundamentales del discurso de cambio.