Estaciones de servicio: peligran 70.000 puestos de trabajo

La medida, impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, generó una fuerte alarma en el sector, ya que podría poner en riesgo más de 70.000 puestos de trabajo y plantea serios riesgos en cuanto a la seguridad.

El Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Correa, se reunió hoy con representantes del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, GNC, Garages y Playas de Estacionamiento (SOESGyPE), a cargo de Carlos Acuña, para abordar las preocupaciones sobre un posible decreto presidencial que habilitaría el autoservicio en estaciones de combustible en todo el país.

El encuentro se llevó a cabo en un clima de preocupación, con la participación de Carlos Acuña, Secretario Adjunto del sindicato, y Raúl Beñacar, Secretario Gremial, quienes estuvieron acompañados por delegados regionales de la provincia de Buenos Aires. Durante la reunión, Correa coincidió con los gremialistas en los riesgos y consecuencias de la medida, que habilitaría a los automovilistas a cargar combustible por su cuenta en las estaciones de servicio, sin la intervención de personal especializado.

Riesgos laborales y de seguridad

Uno de los puntos centrales que preocupan a los sindicalistas es el impacto laboral. La posible implementación del autoservicio podría dejar sin empleo a más de 70.000 trabajadores que desempeñan tareas especializadas en estaciones de servicio, un sector que incluye operarios encargados del despacho de combustible, la verificación de la documentación y la seguridad en el manejo de materiales inflamables.

El riesgo de seguridad también fue destacado en el encuentro. Según los representantes sindicales, permitir que usuarios no capacitados manejen combustibles podría aumentar significativamente el peligro de accidentes graves, como incendios y derrames, que podrían tener consecuencias devastadoras tanto para los clientes como para los trabajadores de las estaciones.

Además, desde el sindicato alertaron sobre la vulneración de las normas laborales. El Convenio Colectivo de Trabajo establece que el despacho de combustible debe ser realizado exclusivamente por personal capacitado en seguridad y manejo de emergencias, algo que podría verse comprometido con la introducción del autoservicio.

Postura del gobierno bonaerense

En la reunión, Correa subrayó la postura del gobernador Axel Kicillof, quien se mostró en contra de la medida a nivel provincial. El ministro recordó que la Ley 13.623 de la provincia de Buenos Aires prohíbe el funcionamiento de surtidores de autoservicio en las estaciones de servicio, lo que garantizaría que estas sigan siendo operadas exclusivamente por personal capacitado.

Correa también hizo hincapié en el rol clave que cumplen los trabajadores de las estaciones de servicio en la verificación de seguridad, como la inspección del uso de casco en motociclistas y la validación de las obleas de GNC antes de permitir el despacho de combustible. La medida, en opinión del Gobierno bonaerense, pondría en peligro estos procedimientos, que son fundamentales para la seguridad vial y de los consumidores.

Respuesta gremial

Por su parte, Carlos Acuña criticó fuertemente la propuesta del Ejecutivo Nacional, señalando que es una medida que «pone en peligro la seguridad de todos» y que «desprecia los derechos laborales de miles de trabajadores». El dirigente sindical también adelantó que el sindicato está evaluando nuevas medidas de fuerza para frenar el avance de esta iniciativa y proteger los puestos de trabajo en el sector.

«Es una vergüenza que se piense en una medida de esta magnitud sin considerar las consecuencias sociales y de seguridad», aseguró Acuña, y agregó que «los trabajadores de las estaciones de servicio tienen un compromiso con la seguridad de todos los argentinos».

Debate abierto

La iniciativa que permitiría el autoservicio en las estaciones de combustible sigue siendo uno de los temas más controvertidos dentro del Gobierno Nacional, con sectores que la apoyan por considerarla una medida de desregulación y libertad económica, mientras que otros, como el Gobierno bonaerense y el sindicato, advierten sobre los riesgos laborales, sociales y de seguridad que podría implicar.

El próximo 31 de diciembre, se espera que el Ejecutivo Nacional defina los próximos pasos respecto a este decreto, mientras que los gremios continúan organizando medidas de protesta en defensa de los derechos de los trabajadores y la seguridad en el sector.